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Desaparición y muerte del militante de ETA
El colectivo Jon Anza de Toulouse también interpela a Alliot-Marie
Una delegación del recién constituido colectivo Jon Anza de Toulouse transmitió ayer una carta a la ministra de Justicia, Michèle Alliot-Marie, a través del prefecto del departamento occitano. En ella exigía que «se aclaren las circunstancias de la desaparición y muerte» del militante y, asimismo, que se responda a la petición de la familia para una investigación interna sobre la actuación de la fiscal de Baiona. Unas 30 personas se concentraron ante la Prefectura.
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Arantxa MANTEROLA | TOULOUSE
La entrega de una carta dirigida a la ministra de Justicia, Michèle Allliot-Marie, a través del prefecto del departamento de Haute Garonne occitano, fue ayer la primera acción pública del colectivo recientemente creado. En ella, exige por un lado que «aclare cuanto antes» el caso de la desaparición y muerte del militante donostiarra y, por otro, que «responda» a la petición de su familia para que se investigue la actuación de la fiscal de Baiona, Anne Kayanakis.
La delegación compuesta por Françoise Vabre (Europe Ecologie), Alberto Expóstio (Front de Gauche-Frente de Izquierda), Pascal Nakache (presidente de la Liga de los Derechos Humanos- LDH), Battite Amestoi (concejal abertzale) y Anaiz Funosas (Askatasuna) fue recibida, ayer, por la directora de gabinete del prefecto, que se comprometió a «hacerla llegar» a la ministra.
A la salida de la reunión, Vabre subrayó «la pluralidad» de la composición del colectivo como muestra de que el caso de Jon Anza está preocupando a cada vez más sectores. Declaró que habían «exigido transparencia» y que se determine la verdad sobre lo sucedido, indicando que «el Estado francés tiene una responsabilidad de primer orden en este asunto».
«Deficiencias importantes»
El presidente de la LDH insistió en la necesidad de que Alliot-Marie haga lo necesario para esclarecer las razones por las que la fiscal de Baiona no preguntó sobre la presencia de Anza en los hospitales de Toulouse.
Éste fue una de los extremos constatados por la familia de Anza tras haber tenido acceso a diversa documentación relativa a la investigación cuando el caso pasó a manos de la juez de Toulouse. Al examinarla, comprobaron que existían «deficiencias importantes» en la investigación llevada durante casi un año por Kayanakis.
Ante ese estado de cosas, los familiares de Anza interpelaron a Alliot-Marie para que ordenara a los servicios pertinentes una investigación interna al objeto de establecer si la fiscal había efectuado su trabajo correctamente. Al no obtener respues- ta alguna, los abogados de la familia han enviado una nueva petición en octubre.
Además del requerimiento de una contestación, informaron de que en breve se pondrá en marcha una iniciativa consistente en la recogida de firmas en base a un documento para exigir el esclarecimiento de los hechos. «No tenemos miedo a conocer la verdad, incluso si se establece que Anza murió de muerte natural, pero hay que aclarar lo sucedido y eso es lo que hemos pedido a la ministra de Justicia», manifestó Nakache a los medios.
Silencio permanente
Amestoi y Funosas expusieron a la representante del prefecto el contexto en el que se dio la desaparición de Anza, apuntando otros casos «como el del secuestro de Juan Mari Mujika». Denunciaron que «el silencio ha sido la tónica» en este asunto: «MAM ha mantenido el silencio cuando le interpeló el colectivo, hizo lo mismo cuando los electos le preguntaron, y ahora calla también ante la demanda de la familia», dijo Funosas.
En apoyo a la iniciativa, en la que estuvieron presentes numeros medios locales y estatales, unas treinta personas, entre ellas familiares y amigos de Anza y militantes desplazados desde Euskal Herria y también del movimiento occitano, desplegaron una pancarta ante el edificio prefectoral en la que se exigía «la verdad».
El presidente de la Liga de Derechos Humanos de Toulouse aseguró que seguirán de cerca el desarrollo de la investigación, pero que no aceptarán «conclusiones apresuradas, como un eventual sobreseimiento» sin argumentos de peso.
Como en su día hiciera el presidente de la LDH de París, también el de Toulouse manifestó ayer su «sorpresa» por «lo mal que se ha tratado este caso», una impresión que -dijo- «comparten colectivos y personas de diferente ámbito de la ciudad occitana cuando tienen conocimiento de los hechos».
Nakache señaló que no quiere «extraer conclusiones demasiado rápido», pero afirmó que las circunstancias en torno al caso y a la investigación de la fiscal de Baiona, Anne Kayanakis, dejan entrever que «no se hizo todo lo que debiera haberse hecho». «Este proceder -añadió- despierta malos recuerdos y alimenta hipótesis como la de la cooperación policial», aunque matizó que, hoy por hoy, la LDH no posee elementos suficientes para alinearse con esta tesis.
Sin embargo, sí aseguró que no cejarán hasta que se sepa la verdad: «Es preciso que el Estado francés demuestre su honorabilidad». También calificó como «inaceptable» que desde que el caso está en manos de la juez de Toulouse «no haya habido avances». Reclamó que se produzcan cuanto antes.
A. M.