Cuando en 2008 el político y ex sacerdote Fernando Lugo ganó la presidencia de Paraguay, sólo cabía desearle suerte, coraje y la probada fe que puso a prueba como militante ejemplar de los movimientos sociales. «La fe mueve montañas», intitulamos un artículo de entonces.

Dos años después, a los paraguayos sólo les resta la fe. Honrado y honesto, bueno y digno, Lugo se ha mostrado totalmente inepto para controlar las riendas de un país cautivo del analfabetismo político y funcional de sus oligarquías, y enfermo de pobreza estructural, entreguismo y corrupción endémicas.

Fernando Lugo preside, pero sus discursos antimperialistas y progresistas sólo son creíbles en sus visitas al exterior. Puertas adentro, el Parlamento, las mafias del narcotráfico, la CIA y Washington gobiernan este país «rodeado de tierra», como lo llamaba el escritor Augusto Roa Bastos.

Mediterraneidad de un Estado que, paradójicamente, posee agua dulce y represas para saciar la sed y los requerimientos energéticos del continente. Potencias de la naturaleza que, por lo demás, poco y nada representan para sus pueblos, carenciados de agua, luz eléctrica, salud, educación, medios masivos de comunicación, y de instituciones decorosas y aceptables.

La fuerte dinámica política y fuerza gravitacional de Brasil y Argentina en el Mercosur y la Unasur, así como el proceso de la revolución boliviana, echan, sin embargo, un manto de niebla informativa sobre la frágil democracia paraguaya. Con mirada geopolíticamente ligera, podría pensarse que la democracia paraguaya estaría «custodiada» por la firme vocación de soberanía económica e independencia política de los vecinos. No es así.

Con celeridad creciente y a causa, precisamente, de las tendencias emancipadoras en la subregión, Estados Unidos ha venido reforzando las tuercas en los asuntos militares y de seguridad de Paraguay.

La crónica mentalidad autoritaria, antidemocrática, proimperialista y explícitamente fascista que caracteriza a las clases dominantes paraguayas facilitan los anhelos del Pentágono para que el país se ajuste, funcionalmente, a planes guerreristas similares a los de Colombia frente a Venezuela y Ecuador.

De hecho, en Paraguay ya funcionan dos bases militares de Estados Unidos: la Mariscal Estigarribia (que puede albergar 16 mil efectivos de tropa), se encuentra a 200 kilómetros de Bolivia y Argentina, a 320 kilómetros de Brasil, y cerca de la llamada «triple frontera» (Ciudad del Este, donde confluyen Brasil, Paraguay y Argentina, y faltaba más, Washington asegura que circulan «grupos islámicos radicales» de Hezbollah y Al Qaeda).

En septiembre de 2008, a poco de asumir la presidencia, el presidente Lugo viajó a Colombia acompañado del ministro del Interior, Rafael Filizzolla, y se entrevistaron con Álvaro Uribe. Punto de la agenda: «avanzar en el asesoramiento por parte de militares colombianos en la lucha contra los secuestros» (sic).

Luego, Filizzolla siguió viaje con rumbo a Taiwán, entidad de fuerte ascendiente económico y político entre las mafias paraguayas. El monumento más alto de Ciudad del Este (paraíso del contrabando de coches, artefactos electrónicos, armas y drogas), fue erigido en memoria del líder anticomunista Chang Kai Shek.

En agosto de 2009, cuando los países de la Unasur se opusieron a la instalación de bases militares en Colombia, Uribe se apareció por Asunción buscando legitimar su posición. Y en enero pasado, el canciller de Uribe, Jaime Bermúdez, se entrevistó con Lugo en Asunción. Ambos acordaron un programa de asesoramiento del Gobierno de Bogotá a la Policía Nacional de Paraguay, a más de la compra de fusiles colombianos de origen israelí, y municiones por un monto mayor a 500 mil dólares.

El trabajo conjunto quedó a cargo del coronel Jorge Jerez Cuéllar, especialista colombiano en seguridad interior. Egresado en 1983 de la Escuela de las Américas, Jérez Cuéllar reside en Asunción desde 2001.

En julio pasado, presionado por la derecha parlamentaria y el eventual inicio de un juicio político por su gestión, el presidente Lugo destituyó al ministro de Defensa, general Luis Bareiro Spaini, por presunto «mal desempeño de funciones».

Los entretelones resultan reveladores. Entre otros calificativos, Bareiro Spaini se había dirigido por escrito a la embajadora de Estados Unidos, Liliana Ayalde, a quien trató de «diplomática primeriza».

El ministro le censuró a doña Liliana no haber intervenido en una fuerte discusión entre generales estadounidenses, políticos opositores y el vicepresidente Federico Franco, que en la sede de la legación diplomática imperial plantearon el juicio político urgente al presidente por su «mala gestión».

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