Jóvenes de Donostialdea que, en octubre, fueron condenados a 6 años de prisión cada uno bajo la acusación de militar en Segi habían llamado a una marcha en la capital guipuzcoana para denunciar esa sentencia. Pocas horas antes de que se iniciara la manifestación, prevista para las 17.00, llegó el veto impuesto por la Audiencia Nacional española, por lo que los convocantes decidieron no celebrarla, aunque anunciaron que en los próximos días estudiarán «una posible respuesta».

Tras la petición del grupo ultraderechista Dignidad y Justicia, el magistrado Fernando Andreu prohibió el acto alegando, paradójicamente, que el convocante era uno de los condenados. Es más, el juez ha citado a declarar a este joven mañana mismo en el tribunal especial con sede en Madrid. Andreu indicó que la marcha era «presuntamente constitutiva de un delito de enaltecimiento del terrorismo» y, pese a prohibirla, solicitó a la Ertzaintza el «control» y «seguimiento» de la movilización «a fin de evitar que en el curso de la misma se produzcan actuaciones de enaltecimiento».

Lo que sí autorizó el juez en el mismo auto fue el acto convocado por Ikasle Abertzaleak en Amurrio con motivo del «Ikasle Eguna» (información sobre esta jornada en la página 19).

El origen de lo sucedido ayer está en la redada que la Policía española llevó a cabo en varias localidades de Donostialdea entre el 30 de octubre y el 4 de diciembre de 2007. Dieciocho de ellos fueron procesados en la vista oral y, finalmente, quince han sido condenados. Ante esta situación, hace dos semanas los jóvenes calificaron la sentencia de «burrada» y manifestaron que su único delito ha sido «trabajar por la libertad de Euskal Herria».

Con la manifestación convocada para ayer pretendían «abogar por la defensa de todos los proyectos políticos» y contaban con el apoyo de diversos partidos, sindicatos y colectivos ciudadanos de Euskal Herria.

Tras conocer la resolución judicial, Aralar y su organización juvenil, Iratzarri, denunciaron la prohibición de la marcha y advirtieron de que esta decisión «sólo acentúa los problemas». Opinaron que con esta medida «se vuelven a vulnerar nuevamente la libertad de expresión y el derecho de reunión», insistiendo en que «no es la vía a seguir apropiada, porque no aporta ni soluciona nada».