Resulta una obviedad la afirmación de que en todo conflicto que tiene componentes violentos produce víctimas. En unos casos se trata de contendientes directos y en otros, de personas sin relación alguna con la actividad armada. Sin embargo, esa obviedad, referida al conflicto político de los últimos 50 años, no lo es tanto fuera de Euskal Herria a consecuencia del ocultamiento y la tergiversación de los poderes del Estado español. Por ello, no serán pocos quienes crean que a consecuencia del llamado «conflicto vasco», salvo escasas excepciones, sólo hay víctimas de una de las partes en conflicto. Las víctimas que lo son oficialmente; las demás, sencillamente, no existen.

En los últimos 50 años se han contabilizado nada menos que 474 víctimas mortales «inexistentes». Cerca de medio millar de muertos censados en un riguroso estudio realizado por Euskal Memoria. No se trata sólo de activistas de organizaciones armadas de una de las partes, pues éstos no llegan a un tercio de todos esos muertos, ni siquiera de militantes políticos: más de la mitad de esas personas eran estudiantes, obreros, familiares o amigos de presos o ciudadanos que no tenían adscripción política alguna. Pero todas ellas son víctimas de la misma parte, en este caso del Estado español. Muertos a manos de las diferentes formas de violencia utilizadas por el Estado, tanto por la guerra sucia como por los cuerpos armados oficiales: en enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad del Estado, en prisión o en la carretera al dirigirse a visitar a un ser querido encarcelado, en manifestaciones o en controles de carretera.

Este trabajo de Euskal Memoria pone en evidencia que las víctimas no reconocidas son muchas más que las reflejadas en las cifras que se han venido manejando para referirse a los muertos por la represión en las últimas décadas. Muertos por la represión franquista y muchos más por la represión posfranquista, tanto en la denominada «transición» como con gobiernos del PSOE y del PP.

Cuando tanto se habla del deber para con las víctimas, de no permitir la impunidad, de la necesidad de justicia y reparación, la marginación de todas esas víctimas no reconocidas por unas instituciones que se prodigan en homenajes a otras víctimas producidas en el mismo periodo de tiempo deja al descubierto no sólo la hipocresía de algunos responsables políticos, sino también la nula voluntad de reconocer el sufrimiento ajeno, el sufrimiento de todos. Por tanto, no sólo avalan la impunidad, impiden hacer justicia y la reparación a muchas víctimas, sino que también intentan seguir escondiendo la verdad.

El próximo miércoles diversas instituciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa celebrarán el «Día de la Memoria», de una memoria parcial, que en lo referente a la mayoría del cerca de medio millar de muertos por la represión será el «Día de la Desmemoria». Así lo entienden varias fuerzas políticas que no respaldan la declaración que se leerá en los actos oficiales. Aralar y Eusko Alkartasuna no se sumarán a dicha declaración por esa marginación de quienes han padecido «graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado» y también Ezker Batua, si bien ha mostrado su apoyo al documento, critica esas clamorosas ausencias. Una declaración que no es más que un acuerdo exclusivo de PSE, PP y PNV. El proceder de PSE y PP se puede resumir en la negación, en la actitud de negar, al igual que la existencia de Euskal Herria, la de la tortura o, en este caso, la de cientos de víctimas. El hecho de que el PNV se sume a ese proceder responde al cálculo político, a intereses propios que pretenden presentar como bien común, pero que no son compatibles con la búsqueda del estadio que la sociedad vasca reclama cada vez con más nitidez, en el que no ha de caber ningún tipo de marginación.

Juicio a la apuesta por la paz

Construir un escenario plenamente democrático y, por tanto, en el que no se produzca víctima alguna es la apuesta de la izquierda abertzale. Una apuesta que se remonta a la propuesta de Anoeta, presentada hace ahora seis años y por la que serán juzgados los dirigentes abertzales Arnaldo Otegi, Joseba Álvarez y Joseba Permach. Un nuevo proceso judicial de claro impulso político al servicio de una estrategia de los poderes del Estado que va más allá del castigo personal a los tres encausados, ya que pretende reducir a su mínima expresión la opción política de un sector significativo de vascos y, por extensión, del movimiento independentista.

Este nuevo juicio pretende golpear precisamente a quien más fuerte ha apostado por ese escenario democrático y demostrado con los hechos que esa apuesta es firme y sincera. Al mismo tiempo, la actitud de los responsables del Estado pone al descubierto su verdadero temor a la normalización política y, en definitiva, a la paz, toda vez que no existe normalización política posible en una situación en la que persista cualquier tipo de confrontación violenta o imposición. Y el Estado español teme a renunciar a la imposición, a la que tradicionalmente recurre con todos los medios a su alcance.