No es casualidad todo lo que estamos viviendo últimamente en la Sanidad pública vasca. Las personas que en ella trabajamos vemos con preocupación cómo se están realizando recortes y privatizaciones en la misma.

En el Hospital Santiago de Gasteiz y Leza de Rioja Alavesa nos tememos lo peor desde que a finales de febrero de este año se anunciara que se iba a realizar una «reorganización» de la asistencia hospitalaria en Araba, dejando nuestro herrialde con un único hospital para pacientes agudos. Con el proyecto pretenden construir el llamado Hospital Universitario de Álava ampliando con edificios anexos el actual Hospital de Txagorritxu y cerrando el Hospital Santiago, como hospital de agudos, para reducirlo a la mínima expresión con 120 camas para pacientes subagudos y crónicos. De sus tres pabellones, dos son candidatos a desaparecer para la especulación inmobiliaria de su terreno, ya que el proyecto está valorado en más de 130 millones de euros. Les importa muy poco todo el dinero invertido en ambos hospitales en los últimos años.

Las y los trabajadores del Hospital de Leza, recientemente remodelado en sus tres plantas para aumentar su capacidad de 44 a 63 camas de pacientes crónicos, temen también por su futuro si el Hospital Santiago pasa a ser un hospital para crónicos o subagudos.

Tras estos planes innovadores y pioneros del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, se esconde mucho más, y en LAB vemos clara la intención del Gobierno del PSE, que no es otra que la de proseguir con el trabajo de sus antecesores del PNV, esto es, el recorte de prestaciones y del gasto sanitario y la externalización de cada vez más servicios a la empresa privada. Ahí tenemos el caso de Osatek, que gestiona las resonancias magnéticas y que ahora va a gestionar Osarean, que pretende llevar a cabo nuevos modelos asistenciales basados en mecanismos no presenciales vía telefónica y/o vía informática, vaciando así de contenido a Osakidetza.

También han dicho claramente que van a amortizarse puestos de trabajo en la Administración pública y que más del 40% de estas amortizaciones van a realizarse en Osakidetza y en el Departamento de Sanidad. La plantilla en Osakidetza está muy ajustada y pretenden realizar reducciones más drásticas cuando la demanda y el número de consultas está aumentando. La última que tienen preparada es la de no sustituir bajas, licencias, permisos... de menos de seis meses, con el consiguiente aumento de cargas de trabajo que inevitablemente llevará consigo un deterioro de la calidad asistencial.

La intención de la Consejería de Sanidad es el deterioro progresivo de la Sanidad pública, dejarla morir, para así crear la necesidad en la población de acudir a la privada. Culpan al «abuso y mal uso» de la asistencia sanitaria por parte de los usuarios. Pretenden culpabilizar a la ciudadanía y argumentan que el sistema público «no puede ni debe absorber toda la demanda sanitaria», cuando la única realidad es que se está gestionando muy mal la Sanidad y el presupuesto sanitario es del todo insuficiente. Ése es el verdadero problema, no los profesionales sanitarios ni las personas usuarias.

La Sanidad pública es un derecho básico que debe garantizarse a todas las personas, y no puede pretenderse hacer él un «negocio rentable». El Departamento de Sanidad no está haciendo bien las cosas y demuestra un talante autoritario y antidemocrático en todo lo que hace. Ningunea a agentes sociales y sindicales y engaña a la ciudadanía.

El proyecto de reorganización de la asistencia hospitalaria en Araba es un claro ejemplo de este talante. Se está realizando sin poner sobre la mesa un mapa sanitario serio, sin contrastar previamente con profesionales sanitarios ni con otros agentes sociales y sindicales. La incertidumbre y el enfado entre las y los trabajadores y usuarios son notables y manifiestos.

En esta reorganización sanitaria hay muchas cosas que no están nada claras: ¿Cómo van a financiar el proyecto, especulando con la venta de la mitad del Hospital Santiago? ¿Qué va a ocurrir con el Hospital de Leza, quién lo gestionará? ¿Qué futuro les espera al cerca del millar de trabajadores y trabajadoras eventuales que actualmente están trabajando en los Hospitales Txagorritxu y Santiago cuando se proceda a su fusión? ¿Cuántas plazas se amortizarán en el transcurso de este proceso? ¿Cómo va a llevarse a cabo la asistencia sanitaria en un macrohospital? ¿Es lícito dejar que toda la población de Araba tenga como punto de referencia un único hospital de agudos? ¿Cómo puede dejarse a Araba con una única urgencia hospitalaria? Y así podríamos seguir con una larga lista de interrogantes a los que el Departamento de Sanidad, de momento, no tiene intención de contestar.

La apuesta de LAB a favor de una sanidad pública y de calidad es conocida, y con este proyecto de reorganización hospitalaria en Araba no vemos claro que ésta pueda garantizarse. Por ello nos oponemos rotundamente a él tal y como está planteado, y exigimos la paralización del mismo. Si lo que pretenden es deteriorar y desmantelar la sanidad pública, tendrán a LAB de frente.