El intento baldío del presidente del tribunal que juzga a Joseba Álvarez, Arnaldo Otegi y Joseba Permach de evitar que éstos se refirieran a asuntos políticos dejó más clara, si cabe, la motivación política de la vista que en las personas de los tres acusados juzga una propuesta política con objetivos tan punibles, en opinión de los poderes del Estado español, como la normalización política y la paz.

Quien haya seguido mínimamente la evolución política de Euskal Herria en los últimos años -por tanto también esos poderes y los partidos políticos vascos y españoles- sabe que la actual situación propiciada por la apuesta de la izquierda abertzale de reconducir un conflicto con expresiones violentas a parámetros democráticos, en los que, en consecuencia, no haya lugar a ningún tipo de violencia e imposición, tiene su origen en aquella propuesta que se presentó públicamente hace seis años en Anoeta. La fase política actual, con sus expectativas, por tanto, es parte del recorrido de esa propuesta, cuya base metodológica fue bien acogida por casi todo el espectro político. Muchos son conocedores de ese extremo, pero mientras unos se indignan o cuando menos se extrañan por el intento de castigar a quienes hicieron pública la propuesta y obstaculizar el proceso de normalización y paz, otros aplauden este tipo de procesos judiciales, entre otros ataques, por temor a la confrontación exclusivamente democrática. Ésos, sin embargo, llegan tarde. La fase actual es la de un Anoeta reconstruido y con anclajes a nivel internacional, reforzado con alianzas y acuerdos en Euskal Herria, como el de Gernika.

La propuesta de Anoeta ha tenido su recorrido y no da la impresión, ni mucho menos, de que vaya a tocar a su fin por indisimulados ataques como el juicio que comenzó ayer o las brutales operaciones policiales que indudablemente producen sufrimiento pero tienen mucho más difícil lograr su objetivo de impedir el cambio de escenario que este país demanda.