El proceso judicial impulsado por el Estado español y planteado al Estado francés contra Aurore Martin por ser integrante de Batasuna ha dado otro paso adelante. Tras ser encarcelada durante unos días, ayer el Tribunal de Pau se pronunció a favor de la aplicación de la euroorden formulada por la Audiencia Nacional española. La decisión no es firme, pero si el Tribunal de Casación la ratificara, supondría un salto cualitativo de París y constituiría un serio precedente.

Aurore Martin, de 31 años, tiene «nacionalidad» francesa y es perseguida únicamente por actividades políticas, como su participación en dos actos de la izquierda abertzale en Iruñea y Agurain. En el proceso se citan también otras comparecencias en Baiona o Uztaritze. Batasuna es ilegal en el Estado español, pero legal en el Estado francés.

La decisión de Pau se conoció a primera hora de la mañana, y esta vez tuvo algún eco también en los medios de Madrid. El tribunal, que había rechazado el 18 de junio una primera petición de la Audiencia Nacional por «falta de motivación», consideró esta vez aceptable la euroorden. Con ello da por buena la acusación de relación con ETA y rechaza los argumentos de la defensa, que incidió en que la acusación española tiene un carácter meramente político.

Todo queda pendiente ahora de la decisión que adopte la Corte de Apelación, que se espera para dentro de un mes aproximadamente. Al contrario de lo que ocurre en el Tribunal de Instrucción de Pau, no habrá siquiera una vista judicial con presencia de la afectada; el tribunal se limitará a oír los argumentos de las partes y decidir.

En cualquier caso, este fallo del Tribunal de Pau ya suscitó ayer una evidente conmoción política en Ipar Euskal Herria, dado que a nadie se le escapan las consecuencias que podría deparar en un futuro próximo. Además, numerosas instancias muy diferentes políticamente ya habían reclamado a los jueces que rechazaran la demanda española en primera instancia, lo que no ha ocurrido.

PS: «Intromisión intolerable»

Una de las reacciones más significativas, por su contundencia y por su procedencia, fue la de la dirección del PS en el Departamento de Pirineos Atlánticos. En una nota de prensa, considera el fallo judicial «inaceptable para nosotros en nuestra condición de demócratas». Añade que «deplora este procedimiento judicial, cuyo fundamento se ha pervertido y que provoca cuestionamiento del derecho a la defensa y de las libertades individuales. Refleja voluntad no de luchar contra el terrorismo como prevé el mandato de arresto europeo [euroorden], sino de criminalizar actos políticos democráticos».

El PS hace suya la posición de la Liga de Derechos Humanos en la medida en que «este procedimiento conduce a que una persona sea perseguida por las autoridades de un país europeo por hechos que sus propias autoridades nacionales no reconocen como ilegales. Es más, uno de los elementos imputados ha tenido lugar en Francia, donde Batasuna ejerce legalmente su actividad política». «Para nosotros, esta situación en inaceptable en cuanto al fondo y constituye una intromisión intolerable en la democracia francesa contra la libertad de expresión», concluye el PS.

Otros dirigentes de este partido también se declararon «estupefactos» por la situación. Es el caso de Frantxua Maitia, que afirmó que no lo esperaba tras el rechazo del primer intento en junio y añadió que «nunca ha habido un caso de euroorden contra un cuadro político».

Su compañero de filas Gerome Agirre, también consejero general además de concejal en Baiona, lo calificó de «lamentable». Trajo a colación que «Batasuna no es ilegal en Francia» y comentó que «no es serio que se acepte hoy cuando se rechazó anteriormente».

Más a la derecha, el representante de Modem por el cantón de Maule Jean-Pierre Mirande explicó: «Me he revuelto contra esta decisión. Estoy muy, muy extrañado». Pero admitió al mismo tiempo que «esto no hace presagiar nada bueno de cara al futuro».

Para la consejera regional por Europe Ecologie Alice Leiciaguezahar, queda claro que «ya no se trata de un problema jurídico, sino político. Hay un ámbito en el que no deberían aplicarse las euroórdenes, que es el político».

«El Estado francés no puede seguir adelante con la ilegalización de Batasuna -expuso Leiciaguezahar-. Aceptar trasladar a una persona a la Justicia española es algo antidemocrático y el Estado francés no puede comprometerse a sí mismo en esa vía. Si legitima la ilegalización en el Estado español, le abre la puerta también en Francia».

Christine Bessonart, alcaldesa de Senpere, tildó la decisión judicial de «negación de la libertad de expresión y nueva prueba del jacobinismo del Estado. Están diciendo que en el Estado francés no se puede tener una opinión distinta sin arriesgarse a ser detenido y encausado».

Askatasuna: «Terrible»

Batasuna hará pública hoy su valoración en rueda de prensa. Desde Askatasuna, Anaiz Funosas vio confirmados sus temores de que se quiere abrir camino a la ilegalización. Calificó este fallo de «precedente terrible» y recordó que junto a Martin están en el «punto de mira» otros abertzales que han sido imputados por la Audiencia Nacional como Jean-Claude Agerre, Xabi Larralde, Xarlo Etxezaharreta, Yves Matxikote...

«El Estado francés no podrá decir que no es partícipe de este conflicto. Tenía en su mano todos los argumentos para echar atrás esta decisión, pero por ahora no lo ha hecho. Ha mostrado lo poco que le importa lo que piensa la gente, pero no nos detendrán ni callarán. Actúa con el mismo desprecio y negación de siempre, pero frente a esto seguiremos adelante aún con más fuerza».