Los gestos de preocupación predominaban ayer en Pau. Que su tribunal haya aceptado una euroorden de Madrid no supone una buena noticia para la defensa de los derechos civiles y políticos. Se trata de una grave decisión, sin duda, pero no es la primera vez que ocurre algo así en Pau. La decisión auténticamente inhabitual sería que la Corte de Apelación ratificara el fallo de este tribunal de instrucción. La militante bajonavarra puede presentar un recurso. Otros militantes que han pasado por su misma situación lograron paralizar la expulsión. Recordemos estos casos.

En abril de 2004, dentro del proceso contra el movimiento juvenil, el juez español Baltasar Garzón presentó una euroorden contra tres militantes de Segi de «nacionalidad francesa»: Yves Matxikote, Amaia Rekarte y Haritza Galarraga. El Estado francés respondió con celeridad, ya que la Policía los detuvo el 12 de marzo y, aunque quedaron libres el mismo día, con ello el caso llegó hasta el Tribunal de Pau. Por primera vez, París aparecía dispuesto a extraditar a vascos con «nacionalidad francesa».

La respuesta a este ataque fue potente. El 29 de mayo se llevó a cabo una manifestación nacional en Baiona y hubo otras movilizaciones. Como en el caso de Aurore Martin, partidos políticos, sindicatos y movimientos ciudadanos se unieron frente a esa euroorden. El Tribunal de Pau celebró el juicio y la rechazó. La Fiscalía presentó un recurso el 7 de junio, pero la Corte de Apelación desestimó finalmente la demanda del juez Garzón.

El año siguiente se registró otro precedente: el proceso contra Jean-François Lefort, Lof. El tribunal especial de Madrid también pidió que fuera enviado al Estado español por ser miembro de Askatasuna. Pero la Corte de París también echó atrás esa demanda.

La Corte de Apelación detuvo por tanto estas operaciones contra militantes políticos vascos en su día, pero ¿qué es lo que hará ahora?