La sesión había comenzado un poco más tarde de la hora prevista debido, al parecer, a problemas de tráfico que retrasaron el traslado de Mikel Albisu, Peio Alcantarilla, Joxe Ramon Arrano, Marixol Iparragirre, Juan Kruz Maiza y Mikel Negrete. Los procesados que comparecen libres en este juicio -Robert Arranbide, Miriam Inzabi, Xabi Oxarango y Lurdes Urdanpilleta- se encontraban ya en la sala cuando entraron los otros seis vascos lanzando sonoros «Gora Euskal Herria askatuta!» y «Gora ETA!». El presidente abordó enseguida el interrogatorio de Juan Cruz Maiza. Y con ello se empezó a hablar de política en la sala de vistas. El navarro no tuvo reparo en narrar hechos de su infancia como «la represión de la escuela franquista», que hizo que desde prácticamente los siete años se considere «combatiente vasco».

Sin embargo, Maiza se negó en redondo a corroborar la larga lista de hechos que se le imputan tanto por parte de la Justicia española como por la francesa. «Se trata de informaciones provenientes de la Policía española obtenidas en base a torturas», apuntó . La frase provocó el primer sobresalto del fiscal, que insistió en que los hechos ocurridos en territorio francés «se fundamentan en investigaciones realizadas en Francia por la Policía francesa», afirmación que, implícitamente, dejaba planear la duda sobre los métodos de sus homólogos españoles.

La práctica de la tortura, que ya desde la primera sesión de este juicio salió a relucir con el espeluznante relato de Alcantarilla cuando fue detenido por la Guardia Civil, estuvo muy presente también ayer. La exposición de Iparragirre sobre la experiencia vivida con 19 años, cuando fue detenida junto a su familia e incomunicada en la comisaría de Gasteiz, fue harto reveladora. Según reconoció, este hecho no ha sido ajeno a su trayectoria vital. Albisu se extendió asimismo sobre las circunstancias de su vida que le llevaron -«un día en que ETA tocó a mi puerta»- a militar en esta organización.

Responsabilidad histórica

Pero más allá del aspecto personal, el trasfondo político que impregna este macrojuicio quedó en evidencia con las intervenciones de Xabi Larralde y Gabi Mouesca, citados por la defensa. Larralde fue el primero en «aportar datos sobre el contexto político de Euskal Herria para intentar ilustrar al tribunal». Durante más de media hora se prodigó en explicaciones sobre «el carácter político de uno de los últimos conflictos referentes a la identidad nacional no resueltos en Europa».

Larralde destacó el momento político actual, informando al tribunal de la decisión unilateral de ETA de cesar su accionar armado y de la determinación del «movimiento político al que pertenezco y que está ilegalizado en el sur de Euskal Herria» de impulsar un proceso de resolución democrático. Apeló a la «responsabilidad histórica» de ambos esta- dos y destacó, en particular, la del Estado francés, «que aunque no quiere reconocerlo. es agente y parte».

En ese momento, Albisu pidió la palabra al presidente y recordó que ya cuando fueron detenidos en 2004 «nos encontrábamos en los prolegómenos de un proceso de negociación que, desgraciadamente, no prosperó». Reprochó a París por su afán de abortar todos los intentos de resolución por medio de «operaciones represivas» pero insistió en que, «mal que le pese, no puede seguir cerrando los ojos a la realidad» porque «está implicado, no solamente por la actuación represiva sino porque en su propio territorio existe un país que está reclamando el respeto a su voluntad expresada democráticamente».

Finalizó afirmando que «ha llegado la hora para Francia de participar activamente en la resolución del conflicto» y le instó a que abandone la vía represiva, «que no hace más que llenar las cárceles».

Gabi Mouesca hizo extensivo el llamamiento al tribunal para que «ponga una una piedra en el edificio de la paz que estamos construyendo en Euskal Herria». Previamente, al exponer su trayectoria en la que no obvió los 17 años pasados en prisión, recordó que el mismo juez que le había juzgado y tratado durante todo el proceso de «terrorista» años más tarde lo presentó como una persona que ha sido condenada por «hechos de resistencia». Y espetó al tribunal: «Ustedes saben muy bien que en dos o tres generaciones serán presentados en los libros de historia no como terroristas sino como resistentes».

La aseveración provocó la reacción airada del fiscal, que tildó las palabras de Mouesca y Larralde de «inaceptables». En la sala se habían oído los nombres de Mandela, Arafat o Ben Bella. El intento de neutralizar la esencia política del juicio había hecho aguas definitivamente.