El Gobierno de Lakua revisará en los próximos seis meses alrededor de 88.000 expedientes de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y Ayudas de Emergencia Social (AES) para «despejar cualquier sospecha de irregularidad o fraude entorno al sistema de Garantía de Ingresos». La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, resaltó que se trata de un acuerdo «de alcance», ya que va a ser la primera vez que Lakua va a llevar a cabo la competencia que le atribuye la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión social.

En este sentido, Zabaleta señaló que Lakua se encuentra en un momento en el que, gracias al nuevo Lanbide, se pasará del subsidio o de la prestación a la activación para el empleo. En concreto, afirmó que en los meses que quedan «es necesario clarificar que el sistema de garantía de ingresos debe ser sostenible y para ello debe ser transparente».

Para ello, el Gobierno ha acordado delegar en los Departamentos de Hacienda y de Empleo y Asuntos Sociales la revisión de los expedientes de los perceptores de Renta de Garantía de Ingresos y de Ayudas de Emergencia Social, para «verificar el grado de cumplimiento de quienes perciben estas ayudas con los requisitos que contempla la ley».

Asimismo, Zabaleta dijo que esta revisión se llevará a cabo, «no porque el Ejecutivo no se fíe sino porque es su obligación y responsabilidad atribuida por la ley». La titular de Empleo declaró que «nunca los gobiernos anteriores han ejecutado esta parte de la ley ni se han remangando para revisar estos expedientes pero nos perece que ha llegado la hora». «En un momento de crisis es absolutamente necesario», defendió.

Incumplimiento, suspensión

En el caso de que Lakua detectara alguna irregularidad, el Ejecutivo se lo comunicaría a las Administraciones competentes para que sean ellas las que abran los expedientes de suspensión. «El incumplimiento de la ley conlleva suspensión», dijo. En el caso de las AES, las Administraciones competentes son los Ayuntamientos, mientras que la RGI y PCV, corresponde a las Diputaciones.