Los suizos acuden de nuevo hoy a las urnas para posicionarse en torno a una propuesta que plantea la deportación de los extranjeros que hayan cometido delitos graves en Suiza. La iniciativa popular ha sido impulsada por la derecha populista, con apoyo de la extrema derecha, un año después de la aprobación de la norma que prohibió la construcción de minaretes en territorio helvético.

La iniciativa popular, que volverá a llevar hoy a los suizos ante te las urnas es casi un deporte nacional en la Confederación, ya que constituye uno de los motores de una democracia que está considerada como una de las más exitosas del mundo.

A diferencia del referendo, que posibilita cambios en la ley, la iniciativa popular -un sistema no específico de Suiza- permite a cada elector helvético impulsar modificaciones en la Constitución, siempre que se logren 100.000 firmas de apoyo en 18 meses. La decisión popular no puede ser modificada por el Parlamento ni por el Gobierno.

La iniciativa de la UDC está avalada por 210.000 firmas.

Esta iniciativa xenófoba «Para la deportación de los extranjeros delincuentes» o, simplemente, «Iniciativa sobre el reenvío» fue lanzada en 2007 por el conservador partido helvético UDC, el mismo que promovió la prohibición de los minaretes. Actualmente es posible expulsar a delincuentes de origen extranjero, pero el nuevo texto propone la retirada automática del permiso de residencia en Suiza si han cometido violación, atraco a mano armada, tráfico de drogas o abuso en la recepción de ayudas sociales.

La prohibición de permanecer en Suiza se prolongaría entre cinco y quince años, y podría alcanzar los veinte en caso de las personas reincidentes.

Como ejemplo, la Oficina Federal de Migraciones suiza señaló que, según el texto propuesto, una empleada domésti- ca extranjera que haga horas extras sin declararlas sería expulsada de Suiza, igual que un violador reincidente.

La derecha considera estas medidas una necesidad. Según indica Hans Fehr, de la UDC, «entre el 60% y el 80% de los delitos son cometidos por extranjeros y éstos ocupan hasta el 70% de las plazas en las cárceles». «Es una desproporción que ya no es tolerable», indica, y defiende la iniciativa como «un proyecto de integración no de expulsión por cometer delitos graves».

Auguran la aprobación

Los sondeos pronostican que el proyecto será aprobado por un 54% de los sufragios. De confirmarse este pronóstico, sería un nuevo golpe para la imagen de Suiza en el extranjero. Además, el Gobierno se enfrentaría un nuevo problema ya que deberá decidir entre el respeto al derecho internacional y la aplicación de una norma aprobada por sus ciudadanos.

El resto de formaciones se han desmarcado de la iniciativa y tanto el Gobierno como una amplia mayoría parlamentaria he pedido el voto en contra al considerar que no respeta la Constitución. Algunos van más allá y consideran que instaura un «doble rasero» ante el mismo delito, con penas diferentes según el origen del delincuente.

La propuesta de la UDC contó desde el inicio con un amplio respaldo popular, lo que llevó al Ejecutivo a presentar una iniciativa alternativa, «Expulsión y deportación de delincuentes extranjeros en el respeto a la Constitución», cuyos objetivos, sin embargo, son los mismos, según han denunciado desde el ámbito de la izquierda, aunque maquillados al instar a los cantones y ayuntamientos a que redoblen sus esfuerzos para facilitar la integración de los extranjeros y aboga por las deportaciones «conformes a la Constitución y a la legislación internacional».