La diferencia entre un Estado dictatorial y un Estado democrático es la protección y el respeto que muestra hacia sus ciudadanos. (...)

La Ley Integral contra la Violencia de Género se aprobó por unanimidad en el Parlamento, lo que ya permitía sospechar de su benignidad. Y así fue. Para no molestar a los sectores de la derecha machista, el Gobierno consensuó unas normas incompletas que las hacen ineficaces, a las que se unen la falta de medios que padece la Administración de Justicia. El resultado ha sido evidente. El Instituto de la Mujer admite que deben ser 2.600.000 las mujeres víctimas habituales de violencia machista, y a día de hoy sumamos 65 asesinadas, seis más que en 2009.

Pero cuando, a los casi dos años de entrada en vigor de la ley, desde el Partido Feminista presentamos el informe Hacer de los derechos realidad sobre las carencias de dicha ley y nos dirigimos a todas las instituciones que representan el Estado (...) solicitando las modificaciones necesarias, se nos negó esa posibilidad o ni siquiera se nos contestó. Nunca supe para qué había servido la Comisión de Violencia del Parlamento que estuvo reuniéndose durante un curso.

(...) La amplia discrecionalidad que se le concede al juez permite que se archiven el 55% de las denuncias sin ni siquiera tramitarlas, que se dicten arbitrariamente órdenes de alejamiento, dependiendo del juzgado de que se trate, y que se siga manteniendo una valoración estricta de la prueba en el juicio oral de modo que se absuelve a un gran número de agresores por falta de pruebas. El 30% de los que son juzgados, lo que significa que únicamente el 38% de las denuncias concluyen en una sentencia condenatoria. (...)

La involución se ha producido radicalmente con la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, que afirma que la agresión contra una mujer por parte de un hombre no siempre es violencia machista, y pasa entonces a ser considerada como cualquier otra pelea entre ciudadanos. Y no digamos si ella se defiende, será condenada a la par que el maltratador. Pero, incluso después de una condena, la falta de medios hace imposible una verdadera protección de la víctima. Las famosas pulseras de alarma no se han impuesto más que en una minoría de casos, no hay personal suficiente para vigilarlas y, al estar en libertad el agresor, la intervención de la policía llega tarde cuando aquel se propone consumar el asesinato.

Y en estas condiciones, muy resumidas, aún se regaña a las mujeres porque no denuncian, logrando el objetivo perfecto para el poder: convertir a las víctimas en culpables de su propia desgracia.