Zuriñe ETXEBERRIA

Cómo puede ser posible? Varias personas consultadas por este periódico, entre ellas licenciadas en Derecho, coinciden en que el problema no radica tanto en los mecanismos legales existentes como en la propia Ley de Extranjería.

Este grave hecho tuvo lugar el 24 de octubre en la capital alavesa, cuando una mujer que ejercía la prostitución se subió a un vehículo en la calle Portal de Arriaga tras haber pactado la tarifa del servicio. El conductor dirigió el coche hacia las cercanías del puente de Abetxuko, donde aparecieron dos hombres más. Consciente del peligro que corría, la mujer trató de escapar, pero entonces los tres hombres la agarraron y, según el testimonio de la víctima, se turnaron para violarla. Para una mayor humillación, también le robaron.

Una semana después, la mujer, armada de valor, acudió a la comisaría de la Policía Local. Allí, además de denunciar la triple violación, aportó la descripción de los agresores y el número de la matrícula del vehículo. Los sospechosos fueron detenidos y prestaron declaración en el Juzgado de Guardia, pero horas más tarde salían a la calle, aunque imputados por un delito de agresión sexual y robo con violencia. Para entonces, la mujer ya había huido de Gasteiz, seguramente presa del miedo a ser expulsada del Estado español. Ahora, el proceso legal se encuentra paralizado, ya que es necesario que la víctima corrobore su testimonio.

¿De qué sirve denunciar?

Ante este grave atropello contra la libertad sexual de las mujeres, GARA ha querido constatar si los trámites legales han sido los pertinentes, así como la opinión de los grupos que trabajan en favor de los derechos de las mujeres. Desde la Asamblea de Mujeres de Araba cuestionan, especialmente, la Ley de Extranjería, ya que, aun atreviéndose a presentar la denuncia, «nos encontramos con que la víctima tiene que marcharse porque la ley no garantiza que no vaya a ser expulsada del país». Asimismo, se plantean de qué sirve que las diferentes instituciones en sus campañas «políticamente correctas» animen a las mujeres a denunciar «si una vez que se denuncia no se ofrece ningún tipo de garantía». En este caso, los «imputados están en la calle y hemos verificado que el proceso ha sido el correcto», comentan.

Miren Ortubai, integrante del Fórum Feminista y doctora en Derecho Penal, explica que el proceso legal ha sido totalmente normal «ya que, si no hay otras pruebas y la denuncia no ha sido ratificada, es normal que nadie vaya a la cárcel, aunque haya personas sospechosas o procesadas por ese delito». Además, en este caso, como es una mujer que se dedica a la prostitución, su denuncia por violación «parece que vale menos, porque la sociedad es así: en general no da credibilidad a las mujeres y, mucho menos, a una prostituta». «Lamentablemente, el Derecho Penal siempre llega tarde y tiene una capacidad casi nula para reparar el daño causado o para aplacar nuestro sentimiento de injusticia y dolor», lamenta.

En opinión de Mikel Mazkiaran, abogado de SOS Racismo, la propia Ley de Extranjería tiene un «efecto disuasorio». Inmediatamente, cuando una persona en situación irregular interpone una denuncia, se incoa un expediente de expulsión, aunque éste se queda en suspenso hasta ver el resultado de las diligencias abiertas. Ahora bien, si tras el juicio se dictara una sentencia absolutoria contra el supuesto agresor, se reactiva el expediente -sólo se paralizaría si le diesen toda la razón a la persona denunciante-. En este caso, según Mazkiaran, la consecuencia «no lógica y totalmente injusta» es que hay tres personas imputadas en libertad por no haberse ratificado la denuncia. En definitiva, «fallan determinados mecanismos relacionados con muchos ámbitos, también de la Justicia», por lo que «se tendría que articular algún tipo de mecanismo para garantizar a esa persona que puede realizar la denuncia con absoluta libertad y perseguir el delito». En cambio, «como prima la Ley de Extranjería, pues probablemente ningún juez va tomar esa decisión, más si se acredita que la salida del país ha sido voluntaria», señala el abogado. Pero a esa «voluntariedad» habría que colocarle muchas comillas.