Philippe Rey, prefecto de la República en el departamento de Pirineos Atlánticos, se va. Y se lleva con él toda la arrogancia con la que, en nombre del Estado, intentó barrer del mapa las más elementales reivindicaciones identitarias vascas. Entrevistado en las páginas del «Journal», ha tenido el cinismo de extrañarse por la ausencia en el cuestionario de una pregunta a su juicio fundamental: «¿Ama el prefecto a los vascos?». Evidentemente, no. Y aunque la opinión de este aspirante a monarca parezca una cuestión insignificante, la realidad es que su parecer importa, y mucho, porque por fuerza debe ser el mismo de aquel que le colocó en su puesto.

La pregunta, por tanto, limpia de polvo y soberbia, habría que formularla de otra manera: ¿ama Francia a los vascos? La respuesta, evidentemente, sigue siendo no. La lista de desprecios es larga. Interminable. El pasado lunes, hubo uno más. Un grupo de electos que acudía a la Subprefectura de Baiona para intentar trasladar al representante del Estado su preocupación por la suerte de la militante abertzale Aurore Martin, se topó con un muro policial antidisturbios, símbolo del diálogo republicano. La indignación de la presidenta del Biltzar resume años de menosprecio. «Si la Prefectura trata así a los electos, podemos imaginar cómo trata el Estado a los ciudadanos».

Cuando al día siguiente el tribunal de Apelación de Pau aceptó la extradición, el Estado volvió a demostrar que los vascos, incluso los suyos, son ciudadanos de segunda clase, gente sin derechos con la que se puede mercadear, súbditos despreciables de un reino arbitrario. Philippe Rey se va; el Rey Estado, uno e indivisible, se queda.