Suiza dio ayer otra vuelta de tuerca a su política migratoria pronunciándose en referéndum a favor de expulsar de forma automática a los extranjeros que delincan. La propuesta salió adelante con un 52,9% de los votos, pero cosechó un resultado más bajo de lo previsto por los diferentes sondeos de opinión.

La iniciativa, en contra de la cual se posicionaron un 47,1% de los suizos, fue aprobada casi por unanimidad en los cantones de habla alemana, mientras que fue rechazada en las provincias de lengua francesa.

El proyecto, promocionado por el partido ultranacionalista y xenófobo UDC (Unión Democrática de Centro), el mismo que propuso la prohibición de construir minaretes en las mezquitas suizas, busca la deportación automática de los extranjeros condenados por delitos graves, sin tener en cuenta las circunstancias del hecho ni su entorno socio-económico.

En la actualidad, ya es posible expulsar a extranjeros responsables de delitos en algunas condiciones, pero el nuevo texto va un paso más allá y propone la retirada automática del permiso de residencia a quienes hayan cometido «violación, delito sexual grave, actos de violencia como el atraco a mano armada», «tráfico de droga», y también el «abuso» de las prestaciones sociales.

Los expulsados no podrán volver a la Confederación Helvética en periodos que oscilan entre los 5 y los 20 años.

Los partidos políticos estimaron que el texto traspasa la línea roja en un país con un 21,7% de extranjeros y, además, viola el derecho internacional. Denuncian sobre todo que no toma en consideración la proporcionalidad de los delitos y el carácter automático de las expulsiones. A modo de ejemplo, según el texto, un empleado doméstico extranjero que haga horas extra sin declararlas sería expulsado de Suiza de las misma manera que un violador reincidente, denuncia la Oficina Federal de Migraciones.

Amnistía Internacional denunció la iniciativa, así como un contra-proyecto impulsado por el Gobierno, destacando que podría darse el caso de refugiados «expulsados a países donde serían amenazados de tortura o de pena de muerte».

Tras el «sí» de la ciudadanía, el Gobierno indicó que aplicará el texto, pero dentro de los límites establecidos por la Constitución de la Confederación.