ELA ha calificado como «un acto de especial trascendencia» la presentación de las bases del nuevo proyecto político de la izquierda abertzale, y señala que valora «sobre todo» la apuesta por las vías pacíficas y el rechazo a la violencia.

En un comunicado señala que la Ley de Partidos y su desarrollo judicial «han marcado un tiempo político siniestro de restricción de derechos y libertades», al tiempo que denuncia que a la izquierda abertzale se le hayan puesto condiciones para su legalización que no se piden a otros partidos.

Pese a todo, ELA entiende que tras el pronunciamiento del sábado «ya no se dan las razones que el estado esgrimía para empujar su ilegalización». Pero lamenta que «agentes de escasa o nula raigambre democrática estén liderando la opinión pública española en relación con una materia tan grave, y lleguen incluso a marcar la línea política del Gobierno».

Elevación del listón

En este contexto, «ELA exige al Gobierno español que actúe con la debida responsabilidad ante el paso dado por la izquierda abertzale ilegalizada y facilite la participación política en condiciones de igualdad de un espacio político al que nunca se le debió negar su derecho a estar presente en las elecciones y en el ámbito institucional».

El comunicado de ELA considera inaceptable que «las exigencias para la legalización de una sigla política sean modificables al alza o a la baja en función del colectivo que la solicite». Y esto es lo que se observa en la posición del Gobierno español. Su ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, declaró ayer que la presentación de un partido con unos estatutos que cumplan la ley «no es suficiente para alterar la estrategia que mantenemos», hacen falta «hechos fehacientes» que demuestren su «ruptura» con ETA.

En la misma posición se colocó el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, quien explicó que la Ley de Partidos «no solamente prohíbe los partidos vinculados al terrorismo, sino aquellos que fraudulentamente quieran suceder a los que anteriormente habían sido declarados ilegalizados».

El fiscal general sentencia que para que este «sector político» pueda participar «tienen que abandonar definitivamente las armas o Batasuna tiene que romper definitivamente con ETA a no ser que ETA rompa definitivamente con la violencia».

La portavoz del Gobierno de Lakua, Idoia Mendia, señaló que la izquierda abertzale «apunta en la buena dirección», pero «se echa de menos una llamada a ETA para el abandono definitivo de la violencia» y un «desmarque claro».

La izquierda abertzale responde

Tras los pronunciamientos del Gobierno español de estos días pidiendo pasos «fehacientes», la izquierda abertzale introdujo en su página web un editorial en el que señala que «da fe de su compromiso inquebrantable con la lucha por la independencia, el euskara, el socialismo, el feminismo, la solidaridad entre los pueblos, la democracia y la conquista de una paz basada en la justicia y en la libertad».

Añade que «es igualmente fehaciente la decisión de no dar ni un paso atrás en la línea política adoptada, porque tan intolerable como ceder al chantaje de la represión, lo es dar la espalda al mandato de nuestra base social o modificar nuestros principios de intervención política en función de la coyuntura. Tras décadas de resistencia a la asimilación, ha llegado el momento de poner en valor nuestro proyecto político y de persuadir al conjunto de la sociedad de que el Estado vasco es factible y alternativa real».

Asegura «es irrebatible, obvio y reseñable que los compromisos hechos públicos el pasado sábado en Iruñea tienen un único destinatario: Euskal Herria. Rubalcaba y su departamento, PSOE y PP, podrán seguir recitando hasta la afonía el mantra de los pasos insuficientes, pero la determinación de la izquierda abertzale no se modula desde Madrid o París».

Y concluye afirmando que «la legitimidad para estar en las instituciones, manifestarnos en las calles, defender en completa libertad nuestra opción política sólo depende de la voluntad de nuestro Pueblo. Si alguien debe romper con su pasado son quienes niegan ese principio democrático».