Probablemente los responsables del Gobierno español hagan muchas afirmaciones meramente desde el convencimiento de que «tienen que hacerlas», o simplemente porque les conviene hacerlas, aun temiendo que no sean ciertas, o incluso sabiéndolo. Por ejemplo, en materia económica, y desde los albores de la crisis, el propio presidente español y los responsables económicos se han prodigado en declaraciones que a veces han llegado a negar la evidencia. Últimamente han repetido que el Estado español no va a adoptar más medidas de ajuste para hacer frente al déficit. Sin embargo, las previsiones de la Comisión Europea (CE), que estiman que la economía española tendrá un crecimiento inferior al anunciado, señalan que Madrid no podrá reducir el déficit al 6% del PIB del próximo año. La consecuencia de ello es que, como recuerda el informe de la CE, el Gobierno español deberá activar las medidas adicionales de ajuste a las que se había comprometido. Esas medidas tendrán efectos similares a los de las ya adoptadas, y supondrán una mayor precariedad para trabajadores y jubilados, pero el primer «deber» del Gobierno español es pagar a los bancos, aunque para ello tengan que adoptar unas medidas que no sólo no facilitarán el crecimiento económico, sino que lo dificultarán aún más. Lo cual dificultará reducir el déficit. ¿Absurdo?