La iniciativa de la izquierda abertzale para crear un nuevo partido político ha dejado a algunos fuera de juego. Aunque barruntaban la posibilidad, contaban con la esperanza de poder hallar algún resquicio para hundir la operación.

No ha sido así y han tenido que recurrir al viejo discurso de la suficiencia o insuficiencia, erigiéndose así en jueces de la democracia. En algunos casos ha resultado patético. Valga como ejemplo el editorial de «El Correo Español» y «El Diario Vasco». No sabía por dónde coger el rábano y no se le ocurrió otra cosa que descalificar la iniciativa porque «resulta elocuente que los significados dirigentes de la izquierda abertzale ilegalizada que ayer se personaron en el acto de Pamplona encomienden al partido que próximamente presentarán algo a lo que ellos se han negado hasta la fecha».

Se refiere, claro, a ETA. Y como no encuentra ese resquicio que busca con terquedad, insiste: «Ni siquiera tan medidos términos pueden soslayar la persistencia de una violencia real y amenazante, la que ejerce ETA con su propia existencia, con el mantenimiento de su coacción y con la extorsión empleada para recabar fondos». Ya ven que el tío no se queda tranquilo. Será por eso que se empieza a liar: «De nada servirá que el `nuevo proyecto político y organizativo' incluya en sus estatutos el rechazo a la violencia y a la amenaza de utilizarla si, en ese mismo momento, no rechaza expresamente el terrorismo físico y latente que representa ETA». Y eso ¿en qué ley está escrito?

Lo mejor es que los que se pasaron cuarenta años bailándole el agua a Franco y sus secuaces se creen con derecho a juzgar al resto: «La izquierda abertzale trata de volver a la legalidad realizando el mínimo esfuerzo, intentando salvar su trayectoria del severo juicio histórico que merece. Quienes ayer posaron en Pamplona continúan ofreciendo un discurso sin garantías, porque se niegan a admitir que el proyecto que anuncian solo será nuevo y democráticamente válido si rompe expresamente con el legado etarra y deja de empeñarse en reivindicarlo». A buen seguro, los que posaron en Iruñea no pretendían dar garantías al editorialista de «El Correo Español», sino a la ciudadanía vasca.