Desde que en 1984 Amnistía Internacional publicase sus 12 puntos para la abolición de la tortura, y su informe sobre la práctica de la tortura en España, hasta la sentencia del caso Egunkaria en que algunos jueces de la Audiencia Nacional aseguran que con los informes forenses en la mano no se explican cómo no se investigó y controló qué estaba pasando en los calabozos, han pasado 26 años. Durante todo este tiempo la respuesta del Gobierno español a las denuncias de tortura y malos tratos ha sido la negación, cuando no la acusación a quienes denuncian. En la última década, a esta negación sistemática se ha añadido la supuesta directriz de ETA de que sus miembros denuncien torturas después de su detención. Sin embargo, la mayor parte de las denuncias no se han dado en estos años en miembros de ETA, sino en personas que han sido dejadas en libertad posteriormente; y no se han dado denuncias en Francia, donde los sistemas de prevención funcionan de forma mucho más adecuada, lo que cuestiona la realidad de este último «argumento».

La última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 28 de septiembre de 2010 (caso San Argimiro Isasa) insiste en la falta de investigación cuando había evidencias que apuntaban a malos tratos, inhumanos y degradantes. También lo hace el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (caso Sara Majarenas) obligando al Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia a reabrir e investigar adecuadamente la denuncia por torturas archivada en el año 2005. El punto clave es, por tanto, la impunidad. La impunidad no es sólo la ausencia de justicia, sino la falta de investigación, la falta de colaboración o de voluntad política de erradicar estas prácticas, incluyendo una tendencia a minimizar los casos. El terrible impacto de la violencia de ETA, incluyendo muertos, heridos o amenazados, no puede obviar la obligación del Estado en la prevención e investigación de los casos de tortura, y una conciencia cívica de respeto a los derechos humanos.

No es una cuestión de fe. Cuando se dan denuncias, deben investigarse de forma independiente, así como controlar de forma efectiva las garantías de detención, para confirmar o descartar los casos. No puede argüirse que esa investigación mancharía el nombre de las Fuerzas de Seguridad del Estado. La mancha es la falta de investigación.

La frecuencia de casos de tortura ha cambiado en estos años. Pero los sucesivos informes muestran que su práctica no ha desaparecido. Lo que se ha mantenido es la actitud de negación y la falta de esclarecimiento de numerosos casos, ya sea porque no se pudieron obtener pruebas por las propias condiciones de incomunicación o porque no se pudo identificar a los autores materiales debido a la falta de colaboración policial (caso Rita Margarete Rogeiro). En los pocos casos en que se pudieron superar esos obstáculos y hubo condenas judiciales, éstas fueron leves, las sentencias llegaron como media entre 15-20 años más tarde, y en algunos casos se indultaron incluso a los perpetradores. Además, el baremo de la reparación judicial aún hoy en día se realiza en base a los criterios de los accidentes de tráfico. Y ningún reconocimiento moral se ha hecho a estas víctimas. Mientras, los relatores de la ONU o el CPT siguen ratificando con cada informe que el Gobierno español no atiende sus recomendaciones.

Así las cosas: ¿sigue siendo un problema de creer? El Pleno Monográfico sobre Víctimas del Terrorismo de octubre 2007 encargó a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco un informe exhaustivo y riguroso sobre la realidad de otras víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política. Este Informe, presentado en junio de 2008, fue actualizado y complementado con otro anexo: «Tortura: una aproximación científica», realizado por un equipo independiente de forenses. En dicho estudio se analizaron los datos de más de 900 detenciones en régimen de incomunicación en el periodo 2000-2008, cerca de 300 testimonios escritos (denuncias judiciales) de personas que habían declarado haber sido objeto de malos tratos o torturas; más de 500 informes médico forenses y unas 200 declaraciones judiciales ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. El novedoso método de análisis consistió en un filtrado de toda esa información analizando el grado de coherencia y fiabilidad. Si quienes dicen ser torturados mienten, el chequeo de las distintas fuentes (lo que dicen en la denuncia, lo que dicen los forenses, lo que recogen los jueces...) acabaría detectándolo. Los datos de ese estudio muestran una complejidad ajena a supuestas directrices. Por ejemplo, dibujan patrones diferentes de malos tratos de cada cuerpo policial, según se prolongue o acorte la incomunicación, según sean los detenidos hombres o mujeres difiriendo el tipo de métodos de tortura denunciados. Y según se apliquen o no los protocolos de prevención ya existentes.

En el caso de la tortura, el silencio se oye. Los poderes públicos no pueden convertir esto en un tabú. En términos de prevención, tiene que garantizarse el cumplimiento de protocolos de intervención que se han mostrado eficaces. Incluyendo el mecanismo de investigación independiente del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura que aún está pendiente de configurarse y desarrollarse de forma adecuada después de varios años. Respecto a los casos del pasado, en los que se ha dado una falta de investigación e impunidad, se debería crear un mecanismo de evaluación independiente que contribuya a un reconocimiento hacia las víctimas y evaluación realista de los casos. Existe un precedente en Chile con la creación de la Comisión Valech (presidida por Sergio Valech, fallecido el pasado 24 de noviembre), que investigó retrospectivamente los casos de tortura. El Gobierno Vasco tiene una oportunidad de oro en el Informe sobre las «otras víctimas» pendiente de publicación para avanzar en esta línea, para que las víctimas de tortura y malos tratos no queden de nuevo en la cuneta de la historia