El Reino de España tiene el dudoso honor de ser el primer estado en arruinarse. Sucedió en 1557 durante el reinado de Felipe II. Además, según un trabajo publicado por Reinhart y Rogoff, es el país que más veces ha quebrado: 1557, 1575, 1596, 1607, 1627, 1647, 1809, 1820, 1831, 1834, 1851, 1867, 1872 y 1882. En esta relación, los autores no consideran quiebra la de la II República española al finalizar la guerra, aunque los vencedores no se hicieron cargo de las deudas del Gobierno legítimo. En cualquier caso, invertir en deuda española ha sido una operación arriesgada a lo largo de la historia. Todo parece indicar que este milenio comenzará con una nueva bancarrota.

¿Rescate o bancarrota? El rescate de Irlanda ha vuelto a poner encima de la mesa el problema de la deuda soberana. Parece que los inversores internacionales han dejado de lado a Portugal y dirigen sus baterías contra el Reino de España. Un repaso a la bancarrota de Islandia y al rescate de Irlanda puede dar algunas claves de lo que está ocurriendo en estos momentos con el Estado español. El caso de Grecia, aunque provocó la cascada de planes de rescate, es en cierta forma diferente, ya que el Estado griego acumulaba problemas que la crisis económica dejó a la luz.

Islandia. Al principio de la crisis financiera internacional, Islandia fue el primer país que quebró. Los bancos habían inflado una gran burbuja y, cuando estalló, el Gobierno optó por asegurar los depósitos de la ciudadanía en los bancos; es decir, el dinero en las cuentas corrientes, pero no las inversiones que habían hecho sus propios ciudadanos islandeses o ciudadanos de otros países. Posteriormente, organizó un referéndum que ratificó la decisión de no devolver las inversiones fallidas.

Evidentemente, después de declarar la quiebra y decidir que no devolvería las inversiones que ya no tenían ningún valor, nadie quería prestarle dinero, así que recurrió al Fondo Monetario Internacional (FMI), que le otorgó un crédito con el que ha salido adelante. Tras unos inicios complicados, la economía está empezando a crecer, el Banco Central de Islandia está bajando los tipos de interés y, lo que resulta más interesante de todo, los inversores internacionales están recuperando la confianza en la economía del país nórdico, tal y como los famosos CDS indican. Estos instrumentos financieros reflejan la percepción de los inversores sobre las posibilidades de que un país no pueda devolver su deuda. En el caso de Islandia han pasado de 600 cuando estalló la crisis a 285 en julio de este año, y continúan bajando.

La República de Irlanda. El caso de Irlanda es bastante parecido al de Islandia aunque, a diferencia de ésta, el Tigre Celta sí está dentro de la zona euro. De todas formas, la mayor diferencia es el camino recorrido por ambos estados tras el estallido de la crisis. Irlanda optó por asegurar todo tipo de activos bancarios, no sólo las cuentas corrientes, sino también las inversiones. De esta forma, el Gobierno de Irlanda salvó a sus amigos -empresarios y banqueros- socializando las pérdidas, que se transformaron de privadas a públicas por la decisión del Ejecutivo de Brian Cowen de asegurar todo tipo de inversiones. Así, de varias bancarrotas individuales se ha llegado a una quiebra colectiva del Estado.

Para hacer frente a estas garantías, el Gobierno de Dublín tomó una serie de medidas como las que la UE está imponiendo a los países que rescata: subida de impuestos y recorte de las prestaciones sociales. Este tipo de políticas, en vez de estimular la economía, la deprimen. Y con una economía deprimida difícilmente se puede hacer frente a las deudas, ya que con menos ingresos es más difícil pagarlas.

Con el paso del tiempo las deudas se vuelven más pesadas y terminan por ahogar a todo el mundo. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, aquellos con un crédito hipotecario y sin perspectivas de poder devolverlo intentan vender su casa; si la situación general es mala, mucha gente intentará hacer lo mismo empujando los precios de la vivienda hacia abajo. De esta forma, en Irlanda en este momento los créditos hipotecarios en los que la casa vale menos que el dinero que se pidió para comprarla son ya el 30% del total, lo que significa que hay pérdidas latentes que tarde o temprano se harán evidentes.

La falta de crecimiento económico y los síntomas evidentes de que la situación continuaba deteriorándose han acabado hundiendo a Irlanda. Es más, a pesar de que Dublín ha acordado un rescate con la UE, los CDS continúan subiendo, lo que indica que los inversores internacionales no creen que el país pueda devolver el crédito del rescate y están descontando que al final habrá una bancarrota con un importante recorte.

Reino de España. Del «aquí no pasa nada» y los estímulos se ha pasado a seguir el camino de Irlanda presionados por la UE: subidas de impuestos y recorte de las prestaciones sociales; más tarde y con más deudas que al principio de la crisis. El Gobierno del PSOE, en vez de incentivar las quiebras de aquellas empresas y bancos en bancarrota y retirar los activos malos de circulación, ha puesto en marcha el ventilador; es decir, ha diluido los activos malos entre los activos buenos, comprometiendo a todo el mundo. Éste es, por ejemplo, el caso de Cajasur, adjudicada a BBK y en la que cada mes que pasa aumentan las pérdidas conocidas. A estas alturas, los directivos de la entidad vizcaina seguramente habrán dejado de abrir cajones para evitarse más disgustos.

Además, al igual que el Gobierno irlandés, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no pierde oportunidad para ayudar a los empresarios mientras predican austeridad. Así, el pasado viernes, aprovechando el paso de la Ley Postal por el Senado, el PSOE y el PP, que en esto de ayudar a los empresarios se ponen rápidamente de acuerdo, aprobaron una enmienda para ayudar con 80 millones de euros a las autopistas que han visto reducido el tráfico a consecuencia de la crisis. Asimismo, aprobaron unos créditos blandos para las empresas concensionarias de esas autopistas por un montante de 200 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Poco a poco, las bancarrotas privadas se van transformando en bancarrota pública siguiendo la senda de Irlanda.

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La salida. Los que lo tienen bastante claro son los inversores internacionales: se van. Según los últimos datos del Banco de España, los depósitos de no residentes han caído en 37.762 millones en apenas medio año, un 7%, y desde la crisis griega de mayo no han dejado de retroceder. Continuar con la política de ajustes no traerá crecimiento, ni empleo; sólo acumulará más deudas y, tarde o temprano, el Reino de España tendrá que declararse en bancarrota.

A la luz de la experiencia islandesa, declarar una quiebra y negociar con los acreedores una rebaja en el monto de la deuda, un aplazamiento de los pagos o ambas cosas, puede resultar traumático a corto plazo, pero a medio plazo supondrá un alivio para la actividad económica, para el empleo y para las economías domésticas. Además de ser un ejercicio de soberanía. Es posible que los acreedores no quieran ni oír hablar de esa posibilidad, pero más tarde o más temprano tendrán que aceptar ciertas pérdidas.

A este respecto, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy ya lo dejaron muy claro en la última cumbre europea, a finales de octubre, cuando anunciaron que los inversores tendrán que asumir parte de las pérdidas en caso de que algún miembro de la Unión Europea se declare en quiebra. Este anuncio ha desatado la nueva crisis de deuda, porque ha dejado claro a todo el mundo que el riesgo de pérdidas es real y que detrás no va a estar la UE para garantizar todo el montante de las inversiones.

Este nuevo posicionamiento político tiene varias consecuencias. Por una parte, asumen implícitamente que los planes de rescate no hacen más que retrasar la quiebra de los países rescatados y que las políticas de ajuste puestas en marcha hasta ahora no van a cumplir sus objetivos, con lo que los principales tenedores de deuda, los bancos y empresas del Estado francés y Alemania, no podrán recuperar parte de sus inversiones.

Por otra, definen la naturaleza del mecanismo permanente para hacer frente a las crisis que están discutiendo en Europa y del que poco se sabe. No parece que vaya a ser un mecanismo para sortear crisis futuras, sino más bien para garantizar la quiebra ordenada de un país de la zona euro.

Teniendo tan claro que las políticas de ajuste no solucionan el problema sino que lo agravan, ese empecinamiento por mantener las políticas de subidas de impuestos y recortes sociales sólo se entiende como un intento de aprovechar la coyuntura económica para destruir todas las conquistas sociales del movimiento obrero europeo; como, tarde o temprano, el capital tendrá que hacer frente a pérdidas en sus inversiones, quiere aprovechar el camino para recortar los derechos sociales, minimizar la protección social, debilitar al movimiento obrero y recortar la soberanía nacional de los países que integran la Unión Europea. ¿No hablábamos de que se estaba construyendo la Europa del Capital? Pues eso es exactamente lo que tenemos.