Las filtraciones dejan en evidencia el servilismo de Zapatero respecto a EEUU
Los documentos filtrados por Wikileaks han revelado que EEUU presionó al Gobierno español y a las autoridades judiciales de ese país con el objetivo de «frenar o boicotear» las causas judiciales abiertas en el Estado contra políticos y militares estadounidenses.
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El terremoto que han desencadenado a nivel mundial las filtraciones de Wikileaks tienen su epicentro en Washington, pero su onda expansiva ha alcanzado también los despachos de Madrid, ya que demuestran que EEUU presionó al Ejecutivo español para «frenar o boicotear» las causas judiciales abiertas en el Estado contra políticos y militares estadounidenses, según publicó ayer el diario español «El País», que ha tenido acceso a los documentos.
En los cables secretos también se desprende que el embajador de EEUU entre 2005 y 2009, Eduardo Aguirre, había dirigido numerosas presiones contra el Gobierno de Zapatero y las autoridades judiciales, para lo cual había contado con el apoyo de contactos como el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.
Entre esas presiones, llama la atención la dirigida en marzo de 2007 a Carles Casajuana, entonces asesor diplomático en La Moncloa, al que le advirtió: «Se me está acabando la paciencia ante los comentarios tan desleales del PSOE y sus aliados sobre EEUU», en referencia a las críticas vertidas en el cuarto aniversario de la invasión de Irak encabezada por Washington, recogió la agencia Efe.
La Casa Blanca contó con la colaboración de autoridades del Gobierno español y con información de primera mano sobre la marcha de procesos judiciales abiertos en el tribunal especial a raíz de la muerte del cámara de Tele 5 José Couso en Bagdad por disparos de un tanque estadounidense y el traslado ilegal a Guantánamo de prisioneros que hicieron escala aérea en aeropuertos españoles.
En la causa por las torturas en Guantánamo, EEUU mostró su preocupación por la posible aplicación de la jurisdicción universal para enjuiciar crímenes cometidos en otros países.
«Un tema reciente e irritante en las relaciones bilaterales se refiere a los esfuerzos de algunos jueces que invocan la jurisdicción universal para procesar a ex altos cargos del Gobierno de EEUU por su presunta implicación en torturas en Guantánamo», señala un documento secreto redactado en junio de 2009, con motivo de la visita a Madrid de Janet Napolitano, fiscal general de EEUU.
Dos meses antes, en abril, Zaragoza se había reunido con altos cargos de la embajada para trasladarles que haría todo lo posible para que el caso no cayera en manos de Baltasar Garzón.
Sobre los vuelos de la CIA, el fiscal Vicente González Mota aseguró en enero de 2007 a la embajada que no se opondría a la petición del juez Ismael Moreno de desclasificar documentos del Centro Nacional de Inteligencia español sobre estos vuelos porque estaba convencido de que en ellos no habría nada «incriminatorio». Esos documentos llegaron a la Audiencia Nacional semanas después, según citaba ayer «El País», llenos de tachones.
Los jueces de la AN y el Ministerio español de Exteriores negaron ayer la existencia de estas presiones.
Javier Couso, hermano del cámara de Tele 5 José Couso, fallecido en Irak el 8 de abril de 2003, anunció ayer a Efe posibles acciones judiciales y expresó su «indignación» por las «gravísimas» revelaciones de Wikileaks sobre el caso judicial de Couso.
Según los documentos publicados ayer por «El País», en abril de 2007, en un encuentro entre el entonces embajador de EEUU en el Estado español, Eduardo Aguirre, y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, ésta le aseguró que «estaba muy implicada en el seguimiento del caso» y que «una de las opciones que se estaban sopesando era la de presentar un recurso». En enero de ese año, el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, explicó a Aguirre que el Gobierno no podía hacer nada, pero que los fiscales «seguirían oponiéndose» a las órdenes de detención contra los tres militares implicados.
«Siempre hemos sabido que existía connivencia por parte del Gobierno español..., lo sabíamos por la gente buena que todavía existe en los entornos judiciales», declaró Javier Couso. GARA
El Ministerio español de Asuntos Exteriores denegó haber recibido pagos por acoger en su territorio a presos de Guantánamo, tal y como indicaban los documentos filtrados por Wikileaks.
