En un comunicado hecho público ayer, la abogada Yolanda Molina denunció que el pasado 3 de noviembre, un hombre que se expresaba en castellano la abordó «cuando me disponía a entrar en mi vehículo», estacionado en la avenida Paulmy de Baiona.

El desconocido, que se presentó como «enviado del Gobierno español y de las autoridades españolas», la conminó a servir de «intermediaria» con un preso político vasco que la letrada defiende, tras argumentar que «estamos en tiempos de paz».

El presunto mensajero del Gobierno español le facilitó una dirección e-mail para comunicar «con ellos» y matizó que no lo hiciera a través de su ordenador ni de su despacho.

Molina manifestó que «en un tono intimidatorio» la mencionada persona la presionó a que fijara una fecha «para cumplir» con lo exigido, cosa que finalmente hizo él mismo señalando el plazo de un mes.

La abogada ha denunciado «el intento de intimidación por una persona que me abordó de noche en un lugar poco frecuentado y que, sin identificarse, quiso imponerme una misión contraria a mi función de abogado y a las reglas de la profesión».

Solidaridad de la profesión

El Sindicato de Abogados de Francia (SAF) ha condenado «firmemente estas presiones inadmisibles», destinadas a «desestabilizar la defensa» y que «sitúa a nuestra colega en situación de peligro».

La Unión de Jóvenes Abogados del Colegio de Baiona, así como el Consejo del Colegio de Abogados de Baiona, también han expresado su rechazo a «este tipo de métodos «que atentan al principio del libre ejercicio de la profesión de abogado y a su independencia» y se han solidarizado con Molina.