De nuevo, en pleno 2010, una alcaldesa del Partido Socialista de Euskadi otorgándose el cargo de censuradora ha retirado de la Biblioteca Municipal de Basauri un libro publicado el año pasado. La alcaldesa Loly de Juan no ha tenido inconveniente en mandar retirar de las estanterías la obra «El manual del torturador español», de Xabier Makazaga. No hace mucho los dirigentes navarros se enfrascaron en algo muy parecido, intentaron retirar de la biblioteca de Barañain y de algunas otras bibliotecas navarras los periódicos GARA y «Berria». Se armó una imponente polvoreda. Los políticos, ante las críticas, la unión, el dinamismo y las acciones emprendidas por los profesionales y del resto de la sociedad, tuvieron que dar marcha atrás. Tanto el caso navarro como éste de Basauri son casos claros de censura.

Apañados vamos si dejamos en manos de estos políticos censores qué libros se pueden leer y qué libros están prohibidos. Las bibliotecas desde siempre han sido espacios de libertad, pero estos nuevos demócratas quieren decidir qué libros se pueden comprar y cuáles no, discriminando los derechos y la dignidad de los usuarios y de los profesionales; es decir, que estos políticos aprendices de censores tratan de sustituir los criterios técnicos de los profesionales por sus criterios políticos.

Aburridos estamos ante estos casos tan evidentes de censura de recordar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Manifiesto Público de la Unesco sobre las Bibliotecas Públicas. Los textos y las ideas no pueden estar más claramente expuestas: ni los fondos de las bibliotecas públicas ni los servicios pueden estar sujetos a la censura ideológica, política, religiosa; la libertad de opinión y expresión son derechos inalienables, por lo que los ciudadanos no podrán ser molestados a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas por cualquier medio de expresión. Igualmente, queda claro el papel de los profesionales de las bibliotecas en cuanto a la selección del fondo bibliográfico: la adquisición de los fondos bibliográficos se basará en los criterios profesionales de los bibliotecarios y bibliotecarias, sin tener en cuenta las circunstancias políticas, aunque sí se estimarán la lengua y la cultura donde se encuentre ubicada la biblioteca.

Desde que en 1478 por primera vez se instauró la Inquisición en la Península Ibérica, no ha dejado de funcionar, y sin duda ha dado sus frutos. Su creación tuvo como finalidad censurar y prohibir las publicaciones que no coincidían o molestaban al poder. En el siglo XV y posteriores fue la Iglesia la encargada de imponer el control ideológico en la sociedad; hoy, ya en el siglo XXI, son los políticos los que no se ruborizan por convertirse en los nuevos inquisidores y condenar aquellas publicaciones que no coinciden con sus ideas políticas.