legalización de la izquierda abertzale
Unidad inédita en Baiona contra el ataque a Batasuna
El anuncio realizado por la izquierda abertzale de que registrará un formación que rechaza la violencia y que cumple la Ley de Partidos ha sumido a representantes institucionales como Patxi López en un mar de contradicciones.
Iñaki IRIONDO |
En 2006, el entonces todavía secretario general del PSE, Patxi López, trató de justificar su reunión del 6 de julio con la izquierda abertzale afirmando que con su encuentro pretendía convencerles de que cumplieran con la Ley de Partidos.
El pasado 21 de octubre de 2010, la portavoz del Gobierno de López afirmaba tajante que «la izquierda abertzale ya sabe lo que tiene que hacer para estar en democracia, que es cumplir la Ley de Partidos, los requisitos que el resto de partidos democráticos cumplimos».
Y ahora que la izquierda abertzale ha anunciado que registrará una nueva formación que cumplirá esa norma y rechaza el uso de la violencia o de su amenaza y la coacción, Patxi López ve un avance pero trata de encontrar nuevos impedimentos contra la legalización.
Fue el parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, quien llevó las contradicciones en las que están incurriendo los dirigentes del PSE al pleno de control de la Cámara autonómica. Recordó los principios y compromisos expuestos el pasado sábado por la izquierda abertzale en Iruñea, «dejando claro que no hay ya motivo para mantener a ese sector afuera de la legalidad». Y, a continuación, desglosó declaraciones que hablan de que cumplir la ley no es suficiente o de que ETA y la izquierda abertzale son lo mismo pero, a su vez, se dice que luchan entre ellos...
A Agirrezabala ese cóctel no le cuadra y preguntó directamente al lehendakari qué valoración hace de los compromisos adquiridos por la izquierda abertzale.
«Firmes en las exigencias»
Patxi López arrancó diciendo que no quería polemizar sobre «un asunto que necesita sintonía entre los partidos democráticos, y no discrepancias, que nada nos benefician». Y luego recalcó que las exigencias a ETA y «al mundo del abertzalismo radical» son: «Una, que ETA desaparezca, que abandone total y definitivamente su actividad terrorista. Y dos, que Batasuna y sus líderes rompan amarras con el terrorismo y ayuden a terminar con ETA». El lehendakari dice que a eso hay que agarrase «en todo momento, si no queremos equivocarnos».
Observa López en los últimos tiempos «una rica y variada sinfonía de comunicados, declaraciones, entrevistas... en las que se escucha algo que va encaminado en la buena senda», pero insiste en pedir hechos. Reconoce también que la declaración de Iruñea es «un avance evidente» que nadie puede negar, pero asegura que integrarse en democracia no es sólo presentar unos estatutos en un registro que pueden fotocopiarse de cualquier asociación legal».
Según dijo, hay que «romper con cualquier tipo de vinculación con una banda terrorista, rechazar el asesinato y la extorsión, repudiar la violencia como una herramienta para obtener objetivos políticos y trabajar para que todo eso desaparezca definitivamente de nuestras vidas». Sentenció que «ésas son las verdaderas credenciales que se tienen que presentar ante el registro democrático de la democracia; las credenciales que todos los demás tenemos».
Escuchado todo esto, Juanjo Agirrezabala llegó a la conclusión de que lo que ocurre es que PSOE y PP tienen un interés electoral en que la izquierda abertzale no concurra a las próximas elecciones. El lehendakari le respondió que no podía «consentir esas palabras».
Quince electos noruegos han hecho pública su disposición a formar parte de la Red Gernika, «red internacional de representantes electos a favor del derecho a la autodeterminación de Euskal Herria», al tiempo que se sumaban a la solicitud de legalización de la izquierda abertzale y a la petición de los firmantes del Acuerdo de Gernika de un alto el fuego permanente y verificable por parte de ETA».
Representantes regionales, alcaldes y concejales del Partido Rojo y del Partido de Izquierda Socialista han suscrito un documento conjunto en el que afirman textualmente: «Condenamos la limitación de la libertad de asociación en Euskal Herria. Excluir a partes sustanciales del electorado de expresar libremente su voluntad política es inaceptable en un estado democrático». Por ello, apoyan «la exigencia de legalizar a Batasuna y a otros partidos políticos».
En el texto hecho público ayer, estos quince cargos electos muestran también su decidido apoyo al «derecho a la autodeterminación del pueblo vasco, tal y como aparece formulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos». En este contexto, manifiestan abiertamente que «el pueblo vasco tiene que ser habilitado para decidir su propio futuro político».
En su escrito, estos representantes políticos noruegos de izquierda respaldan «la iniciativa para conseguir una normalización social y política en Euskal Herria». Y afirman que «compartimos la creencia de que una solución democrática al conflicto político debe obtenerse en una ausencia total de violencia». En línea con el Acuerdo de Gernika, también indican que «apoyamos la petición de los partidos vascos de un alto el fuego permanente y verificable por parte de ETA». GARA
En contadas ocasiones, si ha habido alguna estos últimos años, se ha logrado un apoyo de fuerzas políticas, agentes sociales y sindicales, electos y ciudadanía en general tan unánime como la que ha recabado la manifestación que hoy recorrerá las calles de la capital labortana para expresar el rechazo a la aplicación de la euroorden a Aurore Martin.
Salvo la derecha, prácticamente todos los demás movimientos políticos se han posicionado en contra de la concesión de la euroorden de entrega al Estado español que el Tribunal de Pau adoptó el pasado 23 de noviembre.
Además de los organismos y sectores abertzales que en las últimas semanas han reiterado varias veces su denuncia, diversos agentes políticos y sociales de Ipar Euskal Herria han celebrado una reunión específica esta semana en Baiona sobre el caso de la militante de Batasuna, tras la cual han suscrito un comunicado conjunto condenando «el recurso a un procedimiento que conduce a que una ciudadana sea perseguida por las autoridades de un estado europeo por hechos que Francia no considera ilegales».
LDH, Cimade, PCF, PG, NPA, PS, CGT, FSU, CFDT Pays Basque y ATTAC Pays Basque han manifestado su «preocupación por la posible aplicación de una ley de excepción por haber participado en reuniones y ruedas de prensa». Consideran que este proceder «refleja no una voluntad de luchar contra el terrorismo, sino la de criminalizar la acción política e instrumentalizar la Justicia».
Más allá del caso de la militante de Batasuna, los firmantes instan a las «autoridades europeas a revisar profundamente el procedimiento de la euroorden con el fin de garantizar las libertades individuales y evitar las desviaciones de este procedimiento». Finalizan exigiendo al Gobierno francés que «no ejecute» la entrega de «esta militante política francesa».
El sindicato Solidaires, por su parte, ha extendido su denuncia al Estado a través de un comunicado.
El movimiento Bizi! también ha expresado su «indignación» y, a pesar de que gran parte de sus militantes estará hoy en Cancon (Lot et Garonne) por ser organizadores de la contra-cumbre de Cancún, llaman a la ciudadanía a acudir a la movilización de Baiona. Bizi! considera «inaceptable que una persona pueda ser hostigada por su militancia en un partido político legal».
En la línea de las denuncias de los últimos días, Segi ha insistido en que, con la aceptación de la euroorden contra Martin, «los tribunales del `país de los derechos humanos' ponen en marcha un proceso de ilegalización de Batasuna y del conjunto de la izquierda abertzale». Por ello, esta organización ha llamado, en especial a la juventud vasca, a «parar, de una vez por todas, la ofensiva del Estado francés».
Es de destacar que la movilización generalizada para impedir que París aplique por primera vez la euroorden a una militante de ciudadanía francesa se ha extendido a organismos referenciales de defensa de los derechos civiles como son la Liga de Derechos Humanos del Estado francés (LDH), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Europa de Derechos Humanos (AEDH). Hace unos días, los tres organismos hicieron público un documento inhabitual, en el que alertaban de que Aurore Martin «no debe ser entregada a las jurisdicciones de excepción españolas» y denunciaban el «alineamiento de la Justicia francesa al acoso» de Madrid hacia la militante abertzale.
Además de declaraciones y posicionamientos de agentes políticos, sindicales y sociales, también numerosas personas han manifestado su desacuerdo con la concesión de la euroorden por diversos medios, entre ellos, a través de Facebook, donde en poco menos de una semana se han recogido casi un millar de apoyos. A. M.
