Los representantes de ELA y LAB en el área de Salud Laboral denunciaron ayer el último decreto del Gobierno español, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, por el que se entregan las competencias de la gestión de la prestación por incapacidad temporal (IT) a las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Para ambos, es «un robo y una invasión de las competencias» de Nafarroa y la CAV. Interpondrán una demanda judicial y se movilizarán para reclamar el Marco Vasco de Relaciones Laborales y de Protección Social.

Janire Landaluze y Leire Txakartegi, por ELA, e Ibon Zubiela y Arantxa Sarasola, por parte de LAB, remarcaron ayer que esa medida «tendrá graves e importantes consecuencias» para la clase trabajadora y la población en general. Recordaron que «a partir de ahora los médicos del INSS y del Instituto Social de la Marina (ISM) van a tener las competencias que ejercían los inspectores médicos de los departamentos de Sanidad en la incapacidad temporal (baja) por contingencias comunes (enfermedades comunes y accidente no laboral) desde el principio de la baja hasta el día 365».

Recorte de derechos

Janire Landaluze recordó que este paso supone «un nuevo recorte en los derechos de la clase trabajadora y de la población en general» y lamentó que «se confirma que el Gobierno español mantiene su pretensión de acaparar cada vez más competencias en materia de la incapacidad temporal en detrimento de los servicios públicos autonómicos». Para ELA y LAB esta reforma supone «un ataque al sistema sanitario», ya que los médicos del sistema público «no van a tener la facultad de decidir qué le prescriben al paciente, ya que todo va a depender del criterio económico de un médico de la Seguridad Social» y sostienen que «la Inspección Médica de los departamentos de Sanidad quedará en entredicho. Hasta ahora, en caso de discrepancia y propuesta de alta de la Seguridad Social, la Inspección Médica autonómica, basándose en el criterio del personal médico de los servicios de salud, dirimía la situación con un criterio único sanitario». Con este paso, se pretende «reducir el teórico fraude en las bajas, pero es una medida regresiva, porque las bajas estaban firmadas por especialistas con criterio médico. Lo que hace falta es que se garantice la seguridad y la salud», dijo Landaluze.

Por su parte, Ibon Zubiela remarcó que «supone una invasión de competencias» y, sin embargo, ni los Gobiernos de Patxi López o Miguel Sanz han rechazado esas medidas. «Han aplicado el silencio cómplice ante este robo de competencias, dejando en entredicho la profesionalidad y el futuro de los profesionales de Osakidetza y Osasunbidea. Se sigue el modelo marcado por Madrid». ELA y LAB, por último, aseguran que «esta medida descapitaliza el sistema sanitario público», por otro lado «roba competencias trasferidas, dejando en la absoluta nulidad el papel de la Inspección Sanitaria de la Inspección Médica de los Gobiernos de Iruñea y Gasteiz. Y, además, supone un paso atrás en el derecho a la salud de los trabajadores al albur de los criterios económicos».