Las elecciones municipales y forales de 2007 se celebraron cuando el proceso negociador abierto en 2005 se encontraba ya agonizante, después de que el último intento de reanimarlo, que se produjo en plena campaña electoral con reuniones entre ETA y el Gobierno y Batasuna y el PSOE, hubiera fracasado al desdecirse la delegación española de su propia propuesta cuando la izquierda abertzale la aceptó.

En aquel contexto, el independentismo trató de legalizar el partido Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), lo que fue impedido por el Estado, que también prohibió todas las listas presentadas con esas siglas como agrupaciones electorales. Y como los tribunales españoles entendieron que la izquierda abertzale tenía capacidad para presentar no una sino dos candidaturas en cada pueblo y en cada territorio foral, pues se dispusieron también a actuar contra un partido histórico como Acción Nacionalista Vasca. No tuvieron tiempo entonces para preparar su ilegalización, pero establecieron que se había producido una suerte de posesión demoníaca aleatoria, que hacía que una candidatura fuera pecadora y condenada al infierno en algunas circunscripciones, pero en otras no. Por ejemplo, en Gasteiz se podía votar a ANV para JJGG pero no para el Ayuntamiento.

El sustrato legal de semejante arbitrariedad lo fijó con nitidez el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido: «Es posible que nos hayamos pasado, pero ha colado». Y esto no figura en ningún cable de los ahora desvelados por Wikileaks. Lo dijo públicamente y sin aparente rubor el propio fiscal el 17 de mayo de 2007 en un desayuno organizado por Europa Press.

Los magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos debieran tener en cuenta este tipo de exhabruptos, criticados en su día incluso por la Asociación de Fiscales, antes de sumarse con tanto entusiasmo a poner su sello de legitimidad a tales arbitrariedades.

Pero lo que ni las «pasadas» de Madrid ni los avales de Estrasburgo pueden evitar es el apoyo popular a los ilegalizados. Hoy es momento de recordar que las candidaturas de ANV, sumando las que se salvaron de la quema y las que fueron condenadas al sacrificio en el fuego sagrado constitucional español, sumaron nada menos que 187.000 votos. Después de cuatro años sin apenas representación municipal, el voto de la izquierda abertzale creció. Y pese a las 133 candidaturas anuladas, allí donde pudo presentarse obtuvo unos resultados muy destacables, consiguiendo sumar 430 concejales y alcaldes oficialmente reconocidos. Cabe destacar, por ejemplo, que según datos del Ministerio de Interior, ANV es la segunda fuerza en número de concejales en la CAV, por encima de PSE y PP, aún no habiéndosele permitido presentarse en decenas de municipios.

Probablemente ese dato sea el más elocuente para analizar la vehemencia con la que PP y PSOE están tratando de evitar que una nueva formación de la izquierda independentista pueda ser legalizada -ni siquiera cumpliendo la ley- y por tanto pueda concurrir a las próximas elecciones en igualdad de condiciones. No se trata de preservar ni la democracia ni la ética, se trata de intentar mantener una ficción política (supuestas mayorías unionistas) que produce suculentos réditos económicos en forma de subvenciones, sueldos, dietas y pertenencias a consejos de administración de entes públicos y semipúblicos.

Afortunadamente, hoy la situación política es distinta a la de 2007 y el futuro que se abre ante la izquierda abertzale, aunque tendrá que trabajarlo mucho, se le dibuja más alagüeño. Los 187.000 votos conseguidos en peores condiciones son una base de despegue que ni los controladores aéreos políticos o judiciales que tratarán de sabotear el vuelo de sus candidaturas podrán evitar.

Pero, de momento, la batalla que se abre de inmediato es la de la legalización y la de la unión de fuerzas abertzales y de izquierdas. Repasen con ojos matemáticos las encuestas de estos días y verán la sorpresa que se puede preparar.