Se ha creado una percepción generalizada, reproducida en los mayores medios de información del país, de que la única respuesta posible a la desconfianza mostrada por los mercados financieros hacia la economía española es la que el Gobierno de Zapatero está llevando a cabo. (...)

En realidad, la reducción del déficit público puede conseguirse bajando el gasto público o, como alternativa, subiendo los impuestos, y muy en particular los de aquellos que se han beneficiado enormemente de la bajada impositiva que el presidente Zapatero, y antes el ex presidente Aznar, realizaron durante los últimos 15 años. Esta reducción de impuestos ha sido, tal como ha señalado el Fondo Monetario Internacional, responsable del 40% del déficit estructural existente en España y en la mayoría de países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) que siguieron semejantes políticas. Si se recuperaran los tipos existentes antes de las reformas regresivas fiscales, pasando de un 43% a un 45% para las rentas superiores a 60.000 euros, y se añadiera un nuevo tramo para los que ingresan más de 120.000 euros, con un tipo del 50%, el Estado ingresaría 2.500 millones de euros más a las arcas, afectando únicamente al 3,98% de los ciudadanos. A esta cantidad podría añadirse la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, cuya eliminación en 2008 favoreció enormemente a los sectores más pudientes de la sociedad. Con tal medida, el Estado podría ingresar otros 2.120 millones de euros.

Si, por otra parte, se recuperara el tramo que pagaban las grandes empresas en su impuesto de sociedades, pasando del 30% al 35%, el Estado recuperaría 5.300 millones de euros (afectando únicamente a un 0,12% del total de las empresas, que son las que tienen una base impositiva superior a 30 millones). Otra cantidad recuperable podría conseguirse aumentando el tributo de un 1% a un 5% en las sociedades de capital variable, las famosas Sicav.

Y la respetada asociación de técnicos tributarios del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha indicado que, a través de medidas creíbles e inmediatas, se podría reducir en un 5% del PIB el tamaño de la economía sumergida. Ello significaría un aumento de 12.700 millones más para las arcas públicas, que deberían incrementarse a 6.155 millones más si eliminaran los paraísos fiscales que están siendo utilizados ampliamente por la banca y por las grandes empresas. Todas estas y otras medidas que deberían tomarse no afectarían a la gran mayoría de las clases populares, recaudándose 35.235 millones de euros, más del doble que los fondos que el Gobierno español intenta conseguir mediante las medidas que están dañando las clases populares. (...)

Si el Estado fuera duro con los ricos del país y recaudara aquellos 35.235 millones de euros, podría crear empleo, por ejemplo, en los escasamente financiados servicios del Estado del bienestar, lo que estimularía enormemente la demanda y con ello la recuperación económica, reduciendo así el déficit público. Si no lo hacen es porque les flaquean las piernas para enfrentarse a los ricos.