Téllez explica que el objetivo principal de su organización es garantizar la permanencia de los campesinos en la cuenca del río Catatumbo, además de defender los recursos naturales ante la voracidad de las multinacionales.

Este mismo año, 68 líderes campesinos se han tenido que enfrentar a órdenes de búsqueda y captura. De ellos, 17 fueron arrestado. «El resto trataron de cuidarse y no se dejaron capturar. Pero los campesinos hemos sufrido una persecución en busca de un desplazamiento. El Catatumbo es una zona muy rica en recursos naturales y las multinacionales andan detrás del carbón y del petróleo. En 1999, hubo una arremetida paramilitar en la que asesinaron a más de 11.200 campesinos, hubo más de 114.000 desplazados y cientos de desaparecidos», explica Téllez.

En la región trabajan actualmente nueve multinacionales, que disponen de 320 títulos mineros. «Detrás de la explotación de carbón a cielo abierto hay intereses de la Drummond y de otras multinacionales, pero para salvar su responsabilidad en las primeras etapas de explotación y de exploración evitan el rastro. Lo que ha venido ocurriendo en Colombia es que han realizado estos primeros trámites a través de empresas nacionales. Sabemos que no tienen la capacidad técnica ni financiera para desarrollar estos grandes proyectos. Luego entregan las concesiones a empresas multinacionales más grandes», explica Maldonado.

Esta abogada colombiana denuncia que estas empresas a sueldo de las multinacionales recurren a la desinformación sobre los proyectos a la hora de contactar con las comunidades del Catatumbo. «Usan el engaño y la mentira. Esta situación llevó a que se juntaran los indígenas y los campesinos. A los campesinos les decían que ya habían hablado con los indígenas y que contaban con su aval. A los indígenas les decían lo mismo. También recurren a la corrupción de algunas personas de la comunidad, ya que las empresas necesitan justificar que han hecho reuniones y que la comunidad está de acuerdo. Algunos líderes de la región se han prestado a favorecer este tipo de prácticas ilegales. Se dan casos de cualquier habitante de la región que ha firmado diciendo que representa la voluntad de 60 veredas [una división de los municipios colombianos] y que están de acuerdo con el proyecto».

Maldonado subraya que esta zona ha sufrido un gran abandono de las instituciones colombianas, por lo que carecen de las infraestructuras básicas. «El discurso con el que estas empresas llegan es el del desarrollo, el progreso y el empleo. Sin embargo, en el Catatumbo hay un ejemplo que ha evitado que ese discurso cale mucho y es que desde 1930 están explotando petróleo. Pero la zona sigue estando abandonada. La gente, por tanto, es consciente de que llevan 70 años explotando petróleo pero que ese desarrollo no les ha beneficiado», destaca, añadiendo que otras regiones colombianas en las que no hay ni petróleo ni carbón han logrado desarrollarse sin este grave coste medioambiental.

El tipo de explotación que está proyectado en el Catatumbo es a cielo abierto, «lo que supone la destrucción de toda la capa vegetal en una zona que es selva y tiene una gran riqueza en cuanto a biodiversidad». En la zona hay un parque natural, una reserva forestal protegida, dos resguardos indígenas y cuenta, además, con una gran reserva hídrica.

«Con un solo proyecto que afecta a 1.500 hectáreas se habla de la destrucción total de cuatro quebradas. Nadie puede ser vecino, ni siquiera cercano, de una mina a cielo abierto. Realmente, es el despojo y la degradación», insiste la abogada.

El cambio en la Presidencia colombiana, de Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos, no ha supuesto una modificación de los planes para entregar las riquezas naturales del país a las multinacionales. «No creemos siquiera que haya un cambio de burocracia. Las personas que administran los recursos en lo local, lo regional y lo nacional son las mismas que hace ocho años. Es bueno recordarle a la comunidad internacional que Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa. Eso significa que él fue quien dirigió el componente militar de la ejecución de la política de `seguridad democrática', que para nosotros fue la responsable de la violación de derechos humanos. Ahora, el tema que va a ser el dolor de cabeza para muchas comunidades y para quienes trabajamos con ellas es que el proyecto económico que se quiere imponer y desarrollar en Colombia es la política minera. Este Gobierno ha anunciado que la proyección para Colombia es convertirse en un país minero para el 2019. Eso significa la contradicción entre la voluntad de permanecer en el territorio que han mostrado indígenas, campesinos y afrodescendientes y el desarrollo económico».

Maldonado destaca que en la web de Geominas, el instituto colombiano responsable de otorgar las concesiones, (www.geominas.com), puede verse un mapa de los títulos mineros entregados y los que están en trámite. «Es hasta absurdo porque abarca la totalidad del territorio nacional. En un municipio en el que trabajamos nosotras, Charalá (departamento de Santander), todo el municipio está concesionado para minería. Los habitantes no lo podían creer». El subsuelo en Colombia pertenece al Estado, que puede otorgar una concesión al margen de los títulos de propiedad, que sólo afectan a la superficie del terreno.