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Elkartzen alerta del riesgo de quiebra financiera del sector público vasco

La caída de la recaudación, en la que el incremento del fraude fiscal tiene una gran parte de culpa, y la aportación, vía Cupo, a los gastos crecientes del Estado, pueden llevar al sector público vasco una situación de quiebra financiera. Así lo cree Elkartzen, que en rueda de prensa hizo pública ayer su valoración de los proyectos presupuestarios de las administraciones de Hego Euskal Herria para 2011.
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Iker BIZKARGUENAGA |

Elkartzen hizo ayer una valoración de los proyectos presupuestarios de las administraciones de Hego Euskal Herria, en una comparecencia en la que, más allá de descalificar las cuentas de las instituciones, puso de manifiesto el aumento del fraude fiscal que se ha producido en paralelo a la crisis, y el riesgo real existente de que el sector público vasco entre en quiebra.

Representantes de este organismo repartieron entre los medios un detallado análisis sobre los presupuestos de la CAV y de Nafarroa para 2011, unas cuentas que, a su juicio, expresan una vez más «la política de unas instituciones que siguen apostando por un modelo ultraliberal, sometido ya sin tapujos al dictamen de los mercados».

En el documento se recuerda, en este sentido, que el gasto social para el ejercicio que viene «se recorta sobre lo ya recortado» este año, de modo que el gasto por habitante en sanidad, educación y el resto de servicios públicos se está viendo mermado de forma creciente. También se censura que el debate presupuestario y las posibles enmiendas se limiten a una parte del presupuesto, el que se refiere a los gastos, cuando «es el capítulo de ingresos el que determina el gasto presupuestario posible y quién paga ese gasto».

Aumenta el fraude fiscal

Dentro del capítulo de ingresos, a juicio de Elkartzen lo que más destaca de la crisis es «la caída brutal de la recaudación por impuestos», muy superior al descenso de la actividad económica. Agrega este organismo que un análisis detallado de esa caída impositiva «nos lleva a una conclusión muy grave: se ha utilizado la crisis para aumentar el fraude fiscal». A este respecto, llama la atención sobre el hundimiento de la presión fiscal, entendida como el cociente entre la recaudación y el PIB, que se ha situado en el 15,3%, cuando en 2007 estaba en el 20,9%, por lo que la presión fiscal ha bajado un 26,79% en dos años.

En el informe se apunta que una parte de caída de la recaudación es explicable por la bajada del Impuesto de Sociedades, por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y por la reforma del IRPF a favor de las rentas altas y del capital. Pero sostiene que esas reformas «no explican ni la mitad de esa bajada de la presión fiscal», por lo que considera que «sólo existe un factor explicativo, que es que cada vez una mayor parte del PIB escapa a los impuestos a través de paraísos fiscales o, simplemente, aumentando el fraude fiscal». Un fraude que, recuerda Elkartzen, citando al catedrático de Hacienda Pública Ignacio Zubiri, sólo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa superaría ya los 10.000 millones de euros.

Por este motivo, apostilla que cuando la consejera de Empleo y Asuntos Sociales de Lakua, Gemma Zabaleta, habla de revisar las 88.000 ayudas sociales «no hace más que desviar la atención de este gran fraude y el que están haciendo las empresas». Y es que, tal como se indica en el informe, según los presupuestos para 2011, de cada 100 euros recaudados sólo 8,2 serán del Impuesto de Sociedades -7,4 en Nafarroa y 8,4 en la CAV-, frente a los 14,45 de 2008.

Quiebra del sector público

Elkartzen alerta también del «riesgo unilateral» que suponen el Concierto y el Convenio Económico respecto a Madrid. Recuerda, en este sentido, que Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, a través del Cupo, contribuyen al sostenimiento de las cargas generales del Estado que no están transferidas, y que la cuantía del Cupo depende de los gastos que realice el Estado en las competencias no asumidas (CNA), «sin tener para nada en cuenta la recaudación efectuada ni los propios gastos». Añade que en este momento de crisis el Estado está aumentando el gasto en CNA (el coste del rescate a la banca, la Deuda Pública, las mayores aportaciones a la OTAN, las infraestructuras, el Plan de ayuda al empleo en obras municipales, los pagos del INEM, el coste de las jubilaciones anticipadas...), y que de todo ello las administraciones de Hego Euskal Herria van a tener que abonar el 7,84%, un mayor compromiso de pago que, apunta Elkartzen, «es coincidente con el descenso drástico de la recaudación fiscal» antes citada. De modo que «el problema financiero derivado del propio mecanismo del Cupo va a poner en evidencia una verdadera quiebra para las administraciones autonómicas, cuyas primeras consecuencias las están sufriendo ya los ayuntamientos vascos».

Endeudamiento e hipoteca

Elkartzen también censura que, a pesar de todo lo apuntado, los mandatarios políticos se niegan a reconsiderar sus macroproyectos o el seguir subvencionando al capital, por lo que «han recurrido al endeudamiento masivo». Así, al cierre de 2010 Nafarroa tiene una deuda pública de 1.489,8 millones -la deuda pública viva ha aumentado un 143% en tres años- y en la CAV también se ha disparado, y los presupuestos recogen para el cierre de 2010 una deuda viva de 4.531,25 millones y un aumento de endeudamiento neto para 2011 de 818,37 millones, con el consiguiente aumento de la carga financiera (intereses), que para 2011 será de 325,65 millones, que habrá que ir abonando junto a las amortizaciones.

Todo esto, «está hipotecando el verdadero gasto social de la década que viene», donde la recaudación será absorbida casi en exclusiva por el Cupo, el pago de la deuda y el mantenimiento burocrático del sector público.

La gravedad de la situación se agudizará a partir de febrero

La gravedad de la situación se agudizará cuando en febrero de 2011 se retire la ayuda de 426 euros a los trabajadores en paro sin ningún tipo de prestaciones. Así lo cree Elkartzen, que recuerda también los recortes que se han producido respecto a la Prestación Complementaria de Vivienda, la Renta de Garantía de Ingresos y las Ayudas de Emergencia Social, que han dejado a miles de familias en una situación de completo desamparo. En este sentido, considera que «lo destinado a los más desfavorecidos de la sociedad es muy insuficiente para cubrir a los desempleados que no cobran ninguna prestación del INEM, a los pensionistas y a la realidad de una economía dualizada en la que el conjunto de necesitados se está multiplicando por efectos de la crisis».

Elkartzen también critica «la actuación pública residual y la defensa del individualismo que hacen las administraciones en materia de vivienda», que impiden que se garantice este derecho universal y, en conclusión, hace un llamamiento a la ciudadanía a que se movilice por unos presupuestos participativos y por una democratización de la economía. I.B.

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