La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro enviará una normativa a todos los pueblos del herrialde para que, desde el ayuntamiento respectivo, adopten medidas para «evitar o entorpecer» que el Arzobispado de Iruñea pueda vender los bienes inmatriculados.

Así se acordó en la reciente asamblea general de esta plataforma, que cuenta con el apoyo de 130 municipios navarros.

El objetivo de esta medida es que los ayuntamientos o concejos intervengan a través de los planes municipales y declaren como «dotacionales» los bienes y terrenos que la diócesis ha inscrito a su nombre, para que de esa forma no se les puedan dar otros usos.

En la misma asamblea se valoró como «muy importante» el número de inmatriculaciones que los ayuntamientos navarros han realizado en estos últimos años para evitar que se adelante el arzobispado.

En cuanto al debate sobre si hay que seguir pagando o no las facturas de las iglesias y otros locales (agua, luz, arreglos...), se acordó que cada pueblo lleve su propia política, pero «siempre orientada a no dar nada que no vaya dirigido a la recuperación, vía jurídica o vía negociación forzosa, de los bienes inmatriculados».

Pleitos pendientes

Otro punto que se abordó es el de los pleitos judiciales pendientes entre la diócesis y varios ayuntamientos, como es el caso de Aranguren, Ziritza o Uharte.

También se recordó que el próximo 11 de enero se celebrará en Lizarra el juicio contra el alcalde de Garisoain, a raíz de una denuncia interpuesta contra él por la diócesis, y se hizo un llamamiento para arroparle durante la vista oral.

Entre otras cosas más, se pidió por unanimidad a Pedro Leoz que continúe como presidente de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, lo cual aceptó tras advertir de sus «achaques» debidos a la edad, ya que tiene 80 años.