Pocas veces como en esta ocasión ha quedado claro que una reforma legal se hace con la vista puesta exclusivamente en contra de la izquierda abertzale, porque sus impulsores han explicitado una y otra vez que su única intención es «arrinconar» a Batasuna, «estrechar el cerco» sobre ella o «evitar que se cuele» en las instituciones.

El Congreso de los Diputados, con los votos favorables de PSOE, PP y parte del Grupo Mixto, aprobó ayer una reforma de la Ley Electoral que finalmente ha acabado teniendo también una derivación final en la Ley de Partidos, al objeto de hacer extensivas sus consecuencias a las agrupaciones de electores.

Las modificaciones aprobadas pretenden, básicamente, ampliar las posibilidades del Estado para prohibir una candidatura casi hasta el mismo día de las elecciones, con el añadido de que será factible incluso la suspensión cautelar de los electos obtenidos por una formación si después de las elecciones y antes de la proclamación de los cargos se presenta una demanda de ilegalización.

También se regula que puedan recurrirse candidaturas sueltas de un partido, como de hecho ya se hizo con ANV en las pasadas elecciones forales y municipales.

Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la denominada «incompatibilidad sobrevenida», por la que los cargos electos de un partido, coalición o agrupación de electores que sea ilegalizada perderán su escaño, salvo que en el plazo de quince días formule voluntariamente una declaración expresa e indubitativa de separación y rechazo de las causas que determinaron la ilegalidad. A partir de ese momento, todos sus actos y sus omisiones estarán sometidas a control.

La ley no contempla garantías judiciales para que el acusado pueda defenderse.