Pocas veces como en esta ocasi�n ha quedado claro que una reforma legal se hace con la vista puesta exclusivamente en contra de la izquierda abertzale, porque sus impulsores han explicitado una y otra vez que su �nica intenci�n es �arrinconar� a Batasuna, �estrechar el cerco� sobre ella o �evitar que se cuele� en las instituciones.

El Congreso de los Diputados, con los votos favorables de PSOE, PP y parte del Grupo Mixto, aprob� ayer una reforma de la Ley Electoral que finalmente ha acabado teniendo tambi�n una derivaci�n final en la Ley de Partidos, al objeto de hacer extensivas sus consecuencias a las agrupaciones de electores.

Las modificaciones aprobadas pretenden, b�sicamente, ampliar las posibilidades del Estado para prohibir una candidatura casi hasta el mismo d�a de las elecciones, con el a�adido de que ser� factible incluso la suspensi�n cautelar de los electos obtenidos por una formaci�n si despu�s de las elecciones y antes de la proclamaci�n de los cargos se presenta una demanda de ilegalizaci�n.

Tambi�n se regula que puedan recurrirse candidaturas sueltas de un partido, como de hecho ya se hizo con ANV en las pasadas elecciones forales y municipales.

Uno de los aspectos m�s controvertidos de la reforma es la denominada �incompatibilidad sobrevenida�, por la que los cargos electos de un partido, coalici�n o agrupaci�n de electores que sea ilegalizada perder�n su esca�o, salvo que en el plazo de quince d�as formule voluntariamente una declaraci�n expresa e indubitativa de separaci�n y rechazo de las causas que determinaron la ilegalidad. A partir de ese momento, todos sus actos y sus omisiones estar�n sometidas a control.

La ley no contempla garant�as judiciales para que el acusado pueda defenderse.