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El Gobierno fijará hoy la nueva tarifa de la luz, que podría subir un 10%

El Gobierno español fijará hoy la nueva tarifa de la luz, que entrará en vigor a partir de enero y que podría ser hasta un 10% superior a la actual, lo que supondría para una factura media 4,25 euros más al mes. Se trata, tras las de julio y octubre, de la tercera subida en el precio de la electricidad en menos de un año y, si se cumplen las previsiones, este servicio se habrá encarecido un 18% en ese tiempo, afectando a unas economías familiares cada vez más empobrecidas.

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La Comisión Delegada del Gobierno español para Asuntos Económicos celebrará hoy una reunión en la que fijará la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz en enero, en la que deberá recogerse la evolución al alza del coste de la energía en los mercados internacionales. Si bien Industria se ha negado a adelantar el porcentaje en que quedará la subida, sí ha reafirmado su intención de congelar la parte de la tarifa en la que se recogen los costes regulados y de repercutir el coste del decreto del carbón, lo que, una vez asumido el encarecimiento de la energía, podría suponer un alza de la TUR del 10%.

Este porcentaje no confirmado, en el que coinciden la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y las empresas del sector, supondría un encarecimiento del recibo medio mensual de 4,25 euros por usuario, o de 51,1 euros al año. Esta cifra podría ser ligeramente inferior si, como asegura haber escuchado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de boca de la propia Dirección de Política Energética de Industria, la subida queda en el 9%.

En todo caso, según informó ayer Europa Press, la subida cercana al 10% tendrá un sobrecoste de 0,14 euros al día por consumidor, y oscilará entre los 0,07 euros de los 2 millones de consumidores con potencias contratadas inferiores a 3 kilovatios (kW) y los 0,29 euros al día de los 6,24 millones de usuarios que tienen una potencia de entre 5 y 10 kW, pasando por los 0,12 euros de los 14,8 millones de usuarios con potencias entre 3 y 5 kW. Los consumidores del bono social no sufrirán esta subida en la tarifa, ni lo harán hasta 2013, según el decreto ley aprobado el pasado jueves por el Gobierno. Estos consumidores son los de potencias inferiores a 3 kW en primera residencia, familias con todos los miembros en paro, pensiones mínimas y familias numerosas.

Al margen del porcentaje final de la subida de mañana, el incremento responderá al encarecimiento de la electricidad en la última subasta entre comercializadoras y a los ajustes técnicos posteriores, así como a la aplicación de un incremento del 72% en los pagos por capacidad para sufragar el decreto del carbón.

La subasta arrojó un alza del 4,5%, pero tras sumar pagos por capacidad, prima de riesgo, pérdidas, mercado de ajuste o apuntamiento, el incremento queda en el 21,3%, lo que, trasladado a la TUR, arroja el incremento final del 10%.

La revisión de enero será la primera de la TUR en 2011. Durante 2010, el Ministerio español de Industria ha aplicado dos subidas, una en enero, del 2,6%, y otra en octubre, del 4,8%. Estos incrementos se produjeron a pesar de que en julio y en octubre el departamento dirigido por Miguel Sebastián se decantó por congelar la parte regulada de la tarifa.

0,14 euros/día

La subida cercana al 10% tendrá un sobrecoste de 0,14 euros al día por consumidor, y oscilará entre los 0,07 euros de los consumidores con potencias contratadas inferiores a 3 kilovatios (kW) y los 0,29 euros al día de los usuarios que tienen una potencia de entre 5 y 10 kW.

Ocaña dice que quedan «dos años de ajustes importantes»

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, afirmó ayer que el Estado español cumplirá su compromiso de reducción del déficit, pero que, aun así, todavía quedan dos años de «ajustes importantes». En una entrevista concedida al diario «ABC», Ocaña asegura que el Gobierno español ya ha dado muchos pasos «en la dirección correcta», pero que en 2011 «debería producirse un ajuste en las comunidades autónomas similar al que se ha producido en el Estado».

Con respecto al retraso en la edad de jubilación que propone el Gobierno, Ocaña sostuvo que «en general» la sociedad entiende que «debe ser así». En este sentido, y preguntado sobre lo que dijo Zapatero, acerca de que se iban a aplicar fórmulas flexibles, señaló que «ése es un mensaje que se ha entendido mal» y que lo que se va a hacer es que «igual que ahora la edad legal de jubilación es a los 65 años, va a pasar a ser a los 67 aunque sea con un periodo transitorio». En cuanto al resto de impuestos, detalló que la prioridad ahora para el Ejecutivo es volver a crecer «y esto significa reformas», pero que en materia impositiva a corto plazo «lo deseable no sería hacer ajustes fiscales significativos». A la pregunta de si hay margen para seguir privatizando, respondió que el sector público empresarial es ya relativamente pequeño y que no hay grandes operaciones pendientes. GARA

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