Los electos de la izquierda abertzale en Lezama, sin representación en el Ayuntamiento en aplicación de la legislación española, recurrirán el auto del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbo que dicta el sobreseimiento de la denuncia contra la alcaldesa y los ediles del PNV que aprobaron los proyectos de ejecución de la Casa de Cultura y del Centro Cívico pese a que se les había denegado el visado del Colegio Oficial de Arquitectos y contaban con un informe de la secretaría municipal sobre la ilegalidad del citado acuerdo.

La resolución judicial establece que «es un hecho» que el grupo municipal jeltzale llevó adelante la aprobación de ambos proyectos pese a conocer que incumplían los requisitos citados. Sin embargo, considera que en el caso de la Casa de Cultura no hay delito contra la ordenación del territorio porque el equipamiento no se ha llegado a construir, y en el caso del Centro Cívico resalta, entre otras cuestio- nes, que «no es materialmente injusto y no se ha producido lesión del interés colectivo».

Además, según el fallo, el acto «no puede ser objeto de enjuiciamiento por el derecho penal» por «su manifiesta insignificancia», al tiempo que aprecia que la actuación de la Alcaldía para ser penalmente enjuiciada debería haber sido «injusta y arbitraria, circunstancias que no se aprecian en este caso».

A juicio de los ediles denunciantes y de iniciativas ciudadanas como Lezama Bizirik, que luchan por otro modelo de gestión urbanística y una actuación municipal escrupulosa con el cumplimiento de la legalidad, este auto supone un «aval» a «la impunidad con la que funcionan los gobernantes del PNV en Lezama». Advierten, asimismo, de que «la alcaldesa miente cuando dice que la sentencia les da la razón, porque el auto reconoce que está probado que se ha cometido una ilegalidad aunque luego no la castigue».

Recuerdan, por otra parte, que esperan el pronunciamiento del Tribunal Supremo en relación con las Normas Subsidiarias del municipio.