Los recursos presentados por tres familias de Badalona, L´Hospitalet y Barcelona contra la utilización del catalán como lengua vehicular en la educación han puesto en peligro el actual modelo catalán. Las consecuencias, como denuncian las organizaciones en defensa de la lengua, podrían ser la generalización del conflicto en todos aquellos centros de estudios en los que alguna familia decida llevar la cuestión a los tribunales. «Va a envalentonar a las personas que se han mostrado contrarias a la lengua catalana y supone un nuevo golpe para aquellos que creen en el encaje de Catalunya en el Estado español», indica Muriel Casals.

Desde que se conoció la sentencia, la sociedad civil catalana ha comenzado a movilizarse. Diversos juristas están elaborando un análisis sobre el fallo y estudiando las posibilidades de presentar un recurso, y entidades como Omnium preparan encuentros con la comunidad educativa a partir del 10 de enero. Además, la institución presidida por Casals aprovechará el partido que la selección catalana disputará hoy contra Honduras para reivindicar el sistema educativo en catalán. La Plataforma per la Llengua va más allá y no descarta organizar un acto con diversas personalidades para finales de enero, indica Teresa Casals. Otros grupos han llamado a la insumisión y han defendido el carácter «integrador» y de «cohesión social» de la inmersión lingüística.

No obstante, la respuesta ante una nueva decisión judicial contra el Principat ha quedado diluida en medio de las vacaciones navideñas. No parece casualidad que el golpe al sistema educativo catalán se hiciese público el miércoles, exactamente el mismo día en el que las escuelas cerraban por Navidad. Teniendo en cuenta que la sentencia que troceó el Estatut se hizo pública a pocos días del período estival, existe poco espacio para la aleatoriedad. «Es parte de una estrategia», denuncia la maestra y filóloga Teresa Casals, de la Plataforma per la Llengua. Casals no tiene ninguna duda sobre el hecho de que los magistrados de Madrid han aprovechado que profesores, padres y alumnos han vaciado los centros escolares para aplicar de nuevo la tijera. En este caso, una sentencia que pone en cuestión la inmersión lingüística y que hace retroceder la situación educativa catalana hasta la época del postfranquismo.

El fin del período escolar no es la única «coincidencia» en el momento en el que se ha conocido el fallo. Los miembros del Tribunal español han difundido la sentencia un día antes de que Artur Mas accediese a la presidencia del Govern. Toda una bienvenida para el líder de CiU, que es precisamente la formación que puso en marcha la inmersión lingüística hace ya tres décadas. No obstante, tanto convergentes como PSC han tratado de restar importancia a la decisión judicial y han asegurado que no cambiarán el modelo actual. De hecho, blindar el sistema educativo es una de las cláusulas incluidas en el acuerdo por el que los socialistas garantizaron la investidura de Mas. Una posición que destaca Muriel Casals, ya que incluye «al Gobierno entrante y al saliente, que se convierte en oposición». Las únicas formaciones que se han mostrado favorables a la sentencia han sido PP y Ciutadans, una minoría en la Cámara catalana.

Hasta el 10 de enero, día en el que se retoman las clases en Catalunya, no comenzarán a visualizarse las consecuencias de la sentencia. No obstante, personalidades como Muriel Casals alertan de la «judicialización» a la que los tribunales españoles están condenando a la sociedad civil catalana. Por el momento, se desconoce cómo se aplicará la sentencia y queda por comprobar si la Generalitat se limitará a los tres casos concretos o si los sectores españolistas iniciarán una campaña para generalizar el castellano en la escuela catalana.