El Gobierno español anunció, aprovechando las fechas navideñas y por tercera vez en lo que va de año, una nueva subida de las tarifas eléctricas. Con el nada persuasivo argumento de atajar el déficit tarifario, la luz subirá el próximo año un 9,8%, la más alta de los últimos 13 años. «A perro flaco, todo son pulgas» pensarán muchos ciudadanos comprensiblemente enfadados ante la imparable subida de la electricidad, el gas, la gasolina, el transporte público, la comida... y la bajada en ayudas y protección social, las previsiones de nuevos recortes en el mercado de trabajo, en el sistema de pensiones... La sensación de injusticia y de impotencia ante tal avalancha de medidas aumenta la angustia social y de falta alternativas creíbles ante los problemas. A diferencia de otros países europeos, la liberalización del sector eléctrico español se impuso con la promesa de una bajada de precios motivada por la competencia entre compañías. La realidad es terca y bien distinta: con la situación actual de oligopolio en el sector energético no sólo no bajan los precios, sino que se toma como rehén a los ciudadanos para, mediante el pago de un precio injusto, pagar los déficits empresariales.