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Desacreditar en público, gestionar en privado

Transcurridos dos días desde que ETA decretara un alto el fuego «permanente, general y verificable», se puede hacer ya una primera lectura sobre las reacciones que ha suscitado, y las pistas que éstas dan de cara a un próximo futuro. No han sorprendido tanto las respuestas de manual, sino el hecho de que éstas sigan tan acríticamente el dictado de Rubalcaba. Salvo en Catalunya, donde la apelación a ser sensibles y aprovechar la oportunidad fue mayoritaria, no se encuentran excepciones. El guión fue repetido a piñón fijo: «Es un paso y una buena noticia que ni es suficiente ni es la noticia»; lo cual retrata hasta qué punto en relación a Euskal Herria el monocultivo del pensamiento y la consigna única están arraigados en la cultura política y periodística del Estado. Fue revelador que el PNV se posicionara en idénticos parámetros, lo cual concitó el aplauso unánime de editorialistas y columnistas españoles. Tampoco pasó por alto que Aralar se alinease en el «bloque de la exigencia a ETA», hecho resaltado desde los altavoces del mismo.

Desacreditar la iniciativa política de ETA y hacer bandera de la desilusión y la desesperanza era algo previsible. Pero ello no le resta gravedad, y aunque a corto pueda dar dividendos en términos de revertir la presión a la izquierda abertzale y adquirir una rápida superioridad sicológica, ni es una apuesta con argumentos persuasivos ni podrá ser sostenible en el tiempo. Y no lo será si las fuerzas comprometidas con un futuro de soluciones continúan sumando, proponiendo en positivo y confrontando democráticamente. Asumiendo las dificultades pero con alta intensidad política, gestionando una oportunidad abierta que permite activar resortes, recomponer confianzas sociales quebradas en anteriores intentos -fallidos pero no baldíos- y plantear los próximos retos de manera ofensiva.

Este tipo de procesos nunca son lineales, las iniciativas nunca generan automáticamente respuestas positivas de la otra parte. Pero hay que ser conscientes de que lo públicamente insuficiente debería ser lo suficientemente significativo para su gestión política.

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