El economista Fabricio Fernández, actual secretario de Estado de Energía, también trabajó para Nuclenor, la compañía propietaria de la central nuclear de Garoña.

Según trascendió ayer, en marzo de 2010 firmó un informe pericial para la consulta económica NERA Economic Consulting, a petición de Nuclenor, en el que concluye que el cierre de Garoña generaría a esta compañía unas pérdidas de 951 millones de euros.

Esta es la cantidad que reclama al Estado, argumentando que Garoña está en condiciones de seguir funcionando más de los cuatro años permitidos por el Gobierno español antes de su cierre definitivo en el año 2013.

Tras conocerse la actuación de Fabricio Hernández, el Gobierno de Zapatero está estudiando la posible incompatibilidad en que incurrió el número 2 de Industria, según informó ayer el diario «Cinco Días».

«No es imparcial»

Por su parte, Carlos Bravo, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, manifestó que la situación generada tras conocerse que peritó aquel informe es «rocambolesca y surrealista».

«Evidentemente, Fabricio Hernández no puede considerarse imparcial, porque ha estado trabajando para una empresa que tiene una central nuclear cuyo cierre ha sido decretado por el Ministerio de Industria y ahora es el número 2 de ese Ministerio», declaró Carlos Bravo.