El Gobierno español en su carrera por llevar adelante el recorte de las pensiones desveló algunos de los parámetros que maneja y que aprobará el próximo 28 de enero, un día después de la huelga general que está convocada en Hego Euskal Herria por la mayoría sindical formada por ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE e Hiru, a la que se han sumado ESK y CGT. La CIG gallega también ha hecho un llamamiento para responder en esa fecha al recorte de las pensiones.

Sin embargo, ni CCOO ni UGT han fijado una fecha para la huelga general. Su interés ha variado ya que pretenden negociar un acuerdo de carácter global en el que se incluyan las pensiones, el desarrollo de la reforma laboral, la negociación colectiva, la energía y la formación laboral. Aunque las bases de ambas formaciones están exigiendo acciones contundentes contra la mayor agresión que va a sufrir la clase trabajadora en los últimos años, las ejecutivas de ambas centrales alejan la idea de la huelga general.

Sin embargo, los recortes en el sistema de pensiones tendrán un calado muy importante para las pensiones, según adelantó ayer «El País». El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero mantiene la jubilación a los 67 años, pero practica unos recortes en el sistema público que suponen una reducción económica importante para los cotizantes.

Esta decisión fue reforzada ayer desde la Comisión Europea que siguiendo los postulados neoliberales indicó que es necesario elevar la edad de jubilación en el Estado español y en Europa, según dijo el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn. Añadió que «es esencial debido al envejecimiento de la población» y también porque «es importante reforzar la confianza de los mercados financieros», precisó Rehn.

El próximo día 28 de enero, el Gobierno español presentará una reforma que obligará a estar en activo hasta los 67 años a los trabajadores y tan sólo permitirá, en general, que se produzca la salida a los 65 años a quienes hayan cotizado 41 años. Pero, entre otras cuestiones, fijará que para cobrar la totalidad de la pensión se necesitarán 37 años de cotización, dos más que en la actualidad. Esa medida, sin duda, afectará de manera más directa a los trabajadores más jóvenes y a las mujeres que, en general, cuentan con contratos más precarios y muchos de ellos ni cotizan, por lo que será imposible llegar a ese nivel de cotización y lo que la cuantía de su pensión futura estará muy minorada. Además, el Gobierno español tampoco ha contemplado que los salarios crezcan y se equiparen a los existentes en la Unión Europea.

De media, en el sector industrial y de servicios, son un 40% inferiores, por lo tanto si se cotiza por salarios que apenas superan los mil euros, la pensión futura será ridícula y, además, a este importante grupo de trabajadores le será imposible poder optar por pensiones privadas o complementarias.

Además, para calcular la cuantía de la pensión se tendrá en cuenta los últimos 25 años de la vida laboral. En este momento este cálculo comprende 15 años, por lo que esta elevación supondrá una pérdida importante en la prestación final.

Recorte del 25%

Estas medidas supondrán un recorte mínimo del 25% de la pensión. Al final, el camino que el Gobierno español ha iniciado supondrá dar carta blanca para que el sistema público de pensiones se quede en un sistema asistencial y sean los fondos privados los que engorden sus cuentas.

Los autónomos pidieron ayer una reunión urgente con el Ministerio español de Trabajo para hablar de pensiones, según lo expusieron las organizaciones ATA y UPTA. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) Lorenzo Amor, y el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) Sebastián Reyna, pidieron conocer de «primera mano» los cambios que prevé la reforma para los autónomos. Recordaron que en el reciente documento aprobado por la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso español «se incluían ya recomendaciones que afectaban a las cotizaciones y pensiones del colectivo de autónomos».

Por otro lado, la Comisión Europea presentó ayer las prioridades que exige a los gobiernos a la hora de elaborar los presupuestos para el año 2012. Pide reformas «eficaces» de los sistemas de pensiones: «elevar la edad de jubilación, reducciones de los sistemas de prejubilaciones y poner en marcha más incentivos para contratar a trabajadores mayores y profundizar en la formación continua».