Según se ha filtrado a través de medios cercanos al Gobierno español, la reforma de pensiones que está preparando el Ejecutivo de Madrid será muy dura. Tal y como ya había planteado el Gobierno de Rodríguez Zapatero públicamente, la reforma obligará a los trabajadores a estar en activo hasta los 67 años. Tan sólo permitirá la jubilación a los 65 años para aquellas personas que a esa edad hayan cotizado ya 41 años íntegros. Por otro lado, la reforma establecerá que para cobrar la pensión completa habrán de cotizarse 37 años, dos más que en la actualidad. Es decir, habrá que cotizar más años no sólo al final de la vida laboral, sino que también habrá que empezar antes a cotizar. Todo ello afectará especialmente a los jóvenes, tanto porque ahora ingresan más tarde en el mercado laboral -como consecuencia de la extensión de los estudios superiores-, como porque una parte importante de ellos trabaja «en negro» durante largos periodos de tiempo. A eso hay que sumarle que sus condiciones contractuales y salariales son también más precarias, con lo que sus opciones de recibir no ya la pensión integra sino una pensión suficiente son escasas. En resumen, se argumenta la reforma para «asegurar el sistema de pensiones» a largo plazo, pero es evidente desde ahora mismo que las condiciones impuestas lo hacen inviable como sistema se protección justo y equitativo.