Bajo el lema �Todos somos presos� se fund� hace 30 a�os la asociaci�n de apoyo a las personas presas y sus familiares, Salhaketa. En todos estos a�os al igual que otros movimientos locales, nacionales e internacionales hemos venido trabajando en defensa del respeto a los derechos fundamentales a la vida, a un trata digno, a la intimidad, a la salud, a la educaci�n o al trabajo que formalmente asisten a quienes son objeto de detenci�n, aplicaci�n de medidas de seguridad y reclusi�n. Derechos que no pueden suspenderse y mucho menos instrumentalizarse con fines represivos y/o mercantiles.

El objetivo final de nuestro movimiento de denuncia p�blica y jur�dica, de acompa�amiento a las personas presas y sus familiares, es desaparecer en el momento en el que nuestra sociedad se libere de la necesidad de la c�rcel y desarrolle otras formas de entender y reaccionar ante los conflictos distintas a la penalizaci�n y al recurso al castigo.

Sin embargo, hoy m�s que nunca, estamos totalmente alejados de este objetivo. Los indicadores son claros y contundentes: recurso sistem�tico a la penalizaci�n, transformaci�n de la maquinaria punitiva en un negocio con la construcci�n de nuevas c�rceles, extensi�n del castigo a cada vez m�s sujetos sociales, endurecimiento de las condiciones de encarcelamiento,�cumplimiento de condenas en prisiones alejadas del lugar de residencia habitual del reo, alargamiento de la penas o recurso a penas m�s severas propias del antiguo r�gimen.

Durante las tres �ltimas d�cadas estamos asistiendo a la construcci�n de una sociedad penitente y premoderna que viola sistem�ticamente sus principios constitutivos aplicando pol�ticas que potencian la desigualdad en la aplicaci�n de las leyes y por tanto violan el principio de igualdad (criminalizaci�n selectiva hacia los sectores depauperados y disidentes de la sociedad), que potencian la desproporcionalidad aplicando sanciones privativas de libertad totalmente brutales y por el contrario exculpatorias seg�n quien sea el sujeto encausado (derecho penal del enemigo) utilizando el derecho como una aut�ntica arma de guerra, violando as� el principio de proporcionalidad.

Pero lo m�s terrible de la pol�tica carcelaria durante el posfranquismo no es s�lo su perpetuaci�n, sino el balance de v�ctimas mortales, de personas y familias cuyas vidas se han visto destrozadas como consecuencia directa o indirecta de la prisionizaci�n.

Nos referimos a las miles de personas fallecidas durante las tres �ltimas d�cadas por motivos no naturales como consecuencia de la no aplicaci�n de medidas preventivas y de tratamiento en materia de enfermedades infecto-contagiosas, las enfermedades mentales con resultado de muerte y/o suicidios como consecuencia directa de la prisionizaci�n, aislamiento, desatenci�n m�dica y un largo etc�tera de situaciones de abandono y deficiencias end�micas propias del sistema carcelario.

Estas v�ctimas las podemos contar por decenas de miles y sin embargo no son reconocidas, est�n condenadas al olvido cuando no despreciadas. Son v�ctimas invisibilizadas y su existencia evidencia el rostro m�s crudo del actual estado carcelario: el uso del derecho como arma para el ejercicio arbitrario, indiscriminado y cruel de la violencia que se ensa�a con aquellos a quienes quiere convertir en chivos expiatorios de los males sociales que produce.

No nos olvidemos que estas v�ctimas del genocidio carcelario, son tambi�n el resultado de la vulneraci�n de los derechos de las personas encarceladas en aras de garantizar la gobernabilidad del propio sistema carcelario o de perpetuar la sociedad punitiva que lo sustenta.

Por eso hoy m�s que nunca resulta imprescindible visibilizar esta realidad y movilizarnos unitariamente para avanzar hacia de abolici�n de la actual pol�tica carcelaria genocida.