En su obsesión por atacar al PNV, algunos medios están dejando muchos culos al aire. Por ejemplo, la noticia titulada «un exfuncionario de Interior declara al juez que el EBB dirigía la unidad antiterrorista», refleja en realidad que un agente de los servicios españoles, llegado del Ejército y con estrecha relación con la Guardia Civil trabajó al frente de la Ertzaintza desde su fundación y con el beneplácito del ya difunto Luis María Retolaza.

Otros medios, en su afán de dar cuenta de los detalles de las relaciones entre la Unidad Antiterrorista de la Ertzaintza y el CNI, llegan a marcar a un periodista de «La Razón», con su nombre y apellido, como confidente de la Policía autonómica, a la que ofrecía datos sobre la izquierda abertzale y ETA que tenía la Guardia Civil. «A cambio de su colaboración -se podía leer ayer- el confidente recibió botellas de vino de 30 euros y tenía a su disposición al equipo antiterrorista de la Policía Autonómica para que se le tradujeran a su periódico `Zutabes' de `euskara a erdara'».

Con razón ha provocado indignación el hecho de que en poder de un alto cargo del PNV hayan aparecido chismes sobre oponentes políticos, pero a tenor de lo que se ha ido sabiendo lo que también se deberá investigar a fondo es qué hacen todos esos datos en los archivos de la Ertzaintza.

Y por llamativo que resulte la afirmación de que un ex alto cargo de Interior diga ahora al juez, casi sin venir a cuento, que la Ertzaintza la controlaba Gorka Agirre; lo que a buen seguro querrían saber muchos vascos es por qué Luis María Retolaza llamó en 1981 a un ex militar que trabajaba en el Gobierno Civil para un cargo de máxima confianza a su lado. Un hombre, apodado El Tarta, Txusma y El Señorito, que después de estar en Interior pasó por los servicios de Lehendakaritza y que, por lo que cuenta, frecuentaba el cuartel de la Guardia Civil de Gasteiz, pertenece a la asociación Memorial de los Reales Tercios y que admite ante el juez «que ha colaborado con el CNI, con el Cesid, desde hace muchos años», incluso con los servicios secretos franquistas, en los que se enroló con 19 años.

Mañana comienza la comisión parlamentaria sus trabajos sobre esta parte del «caso De Miguel», con la declaración de los agentes de la Unidad Antiterrorista de la Ertzaintza imputados. Esto parece ser más grave que el caso aislado que dice Ares. Los parlamentarios tienen mucho que indagar sobre qué datos de la ciudadanía hay en los archivos policiales (hay datos inquietantes al margen de este caso) y a qué manos van a parar. A ver hasta dónde llegan.