El Gobierno español está dispuesto a retrasar el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña como parte de un acuerdo global sobre las reformas económicas con patronal y sindicatos, a pesar de que la clausura estaba ya oficialmente fijada para 2013, según confirmaron ayer fuentes gubernamentales.

Ésta es una petición que plantearon el martes los sindicatos en la mesa de negociación con el Ejecutivo, con el fin de mantener los empleos que genera la central -unos 600 directos y otros 400 indirectos-. De hecho, las citadas fuentes subrayaron que, si el cierre se retrasa, será para preservar los puestos de trabajo, no porque esté reconsiderando su rechazo a la energía nuclear.

El diario «La Vanguardia» adelantaba ayer que «Zapatero acepta dar un giro en su política nuclear» y añadía que «el presidente admite la propuesta sindical de alargar la vida útil de las centrales». El ministro de Industria, Miguel Sebastián, entrevistado a las nueve de la mañana en la Ser, afirmaba que la central de Garoña estaba excluida de esta propuesta, pues ya estaba fijado su cierre para 2013.

Sin embargo, al mediodía fuentes de Moncloa le contradecían y aseguraban que el Gobierno está dispuesto a prolongar también la vida de esta instalación.

De hecho, la medida de alargar la vida de las nucleares sólo tiene sentido si se piensa en Garoña, pues ninguna de las restantes cumplirá cuarenta años de funcionamiento antes de 2021.

Nuclenor, la empresa propietaria, reclama judicialmente al Gobierno 1.350 millones de euros en caso de cierre, y a su favor cuenta con un informe pericial firmado por Fabricio Hernández, en su día ejecutivo de la compañía y secretario de Estado de Energía en la actualidad.

Los sindicatos lo niegan

Cuando trascendió la noticia, CCOO y UGT negaron tajantemente la posibilidad de alcanzar un acuerdo económico global con el Gobierno español a cambio de alargar la vida de las centrales nucleares y retrasar el cierre de la de Garoña, e insistieron en que siguen rechazando el retraso de la jubilación a los 67 años. En declaraciones a la agencia Efe, el secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, así como fuentes de UGT, comentaron que la propuesta de retrasar el cierre de Garoña a cambio de un pacto global «no tiene el más mínimo fundamento».

Lezcano, incluso, aseguró que, cuando se ha hablado en las conversaciones tripartitas de ampliar las negociaciones sobre pensiones a cuestiones como la industria o la energía, no se ha entrado en detalles «y mucho menos» sobre el futuro de las centrales nucleares.

Sin embargo, otros portavoces sindicales no fueron tan tajantes. Reconocieron que la vida de las nucleares había sido tratada y hablaron sobre la necesidad de incluir un buen número de decisiones económicas de carácter estratégico en las negociaciones.

Greenpeace, por su parte, juzgó «incomprensible» que el Gobierno y los citados sindicatos pudieran apostar por revisar la política nuclear y alargar la vida útil de las centrales.

Por contra, el Foro Nuclear, que defiende los intereses empresariales del sector, considera positiva cualquier rectificación que en esta materia pudiera hacer el Gobierno español, y en especial la relativa a la central afectada. «Habrá oportunidades para Garoña todavía», declaró la presidenta del Foro Nuclear, María Teresa Domínguez.

En la misma línea, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, dijo al Gobierno que «siempre es buen momento» para «rectificar una mala decisión».

En cambio, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López, aseguró que su partido mantiene que «no se debe renovar más la licencia».