El «Monumento a la Tolerancia» de Eduardo Chillida es un proyecto que, como el Guadiana, va y viene, dependiendo de los intereses de quienes estén en el Gobierno. Tras más de dieciocho años de parón, la reciente firma del acuerdo entre el Gobierno canario, el Cabildo y la familia Chillida para la constitución de una fundación que se encargue de poner en marcha el proyecto de vaciado artístico de esta montaña de la isla de Fuerteventura ha vuelto a ponerlo de actualidad, aunque las reacciones que ha provocado en las islas han sido bastante escépticas.

«Tengo la impresión de que lo han sacado ante las elecciones», apuntó ayer en un acto público en la capital grancanaria el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez. Ex presidente del Gobierno regional, durante su mandato se produjo otro de los episodios de este «culebrón», ya que llevó a los tribunales el caso y paralizó la obra debido a las acusaciones de corrupción hacia miembros de su equipo. Tras recordar que es defensor de esta iniciativa «simbólica, de enorme atracción para la isla», el presidente de NC mostró ayer sus «dudas» sobre el «momento económico» para recuperar una iniciativa que enfrentó en su día al Gobierno regional con colectivos ecologistas, así como la «disponibilidad» del Ejecutivo canario para hacer frente a un proyecto valorado en 75 millones de euros.

El colectivo ecologista Ben Magec-Ecologistas en Acción (Los Verdes también se opone al proyecto), quiso recordar por su parte que las normas de conservación del Monumento Natural de Tindaya se encuentran recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), por lo que «lo deseable sería que este Gobierno esperase a la resolución de este proceso». Tras considerar que la iniciativa del Gobierno «está rodeada de un gran número de incertidumbres sobre la viabilidad económica de la misma y por los innumerables procesos jurídicos que `manchan' este proyecto», destacó «el altísimo valor patrimonial y natural de la montaña de Tindaya y los riesgos que suponen para esta montaña la obra».

La cuestión es que a finales de febrero habrá una nueva reunión entre la familia Chillida y las instituciones canarias, según desveló ayer el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera. El objetivo, «desbloquear algunos temas pendientes y preparar la licitación. Si la licitación se produce antes de las elecciones, pues mejor, pero el proyecto se licitará cuando todo esté listo», explicó Cabrera al programa «El Drago» de la cadena Ser Las Palmas. La licitación de la obra y la posterior explotación del recinto se concederán a la empresa que presente la mejor oferta y sin coste alguno para las arcas públicas, según explicó.