Iberdrola se reafirmó ayer en su decisión de rechazar la presencia de un representante de ACS en su consejo de administración al afirmar que supondría la entrada de un «caballo de Troya», con un «riesgo obvio de fuga de información».

Esa fue la postura que mantuvieron ayer la representación legal y los peritos aportados por la eléctrica en la última sesión del juicio que se ha visto en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbo, que tiene que decidir sobre la impugnación por parte de ACS del acuerdo de la última Junta General de Accionistas de Iberdrola. Esta Junta negó, por un supuesto conflicto de intereses, la entrada de un representante de la constructora en el consejo de la eléctrica.

ACS, que controlaba entonces el 12% de la compañía, ha seguido acumulando títulos y ha superado ya el 20%, convirtiéndose en su primer accionista, por encima de Bancaja y la BBK, por lo que el conflicto puede repetirse en la próxima Junta de Accionistas, que se celebrará en marzo.

«Competencia estructural»

El juicio se cerró con la presentación de las conclusiones por los abogados de ambas partes, que reiteraron sus argumentos iniciales, segun informó Efe. La representación de Iberdrola aseguró que ambas compañías mantienen una competencia estructural y permanente, en áreas como las energías renovables y los proyectos de ingeniería «llave en mano» para instalaciones energéticas.

Los abogados de ACS, por su parte, negaron que exista una competencia significativa entre ambas, y recalcaron que la firma que preside Florentino Pérez ha anunciado su intención de vender sus activos en las energías renovables. Insistieron asimismo en que su participación en proyectos de ingeniería se debe a su «vocación de constructora», no a su interés por explotar las instalaciones.

Doble vara de medir

Los representantes legales de ACS, José Antonio Cainzos y Javier García de Enterría, defendieron por ello el «derecho» de la constructora, «el principal accionista de Iberdrola, con el 20% de las acciones, más de las que suma todo el consejo», a tener un representante en él.

Sin embargo, los abogados de Iberdrola, Arantza Estefanía y Jesús Remón, sostuvieron que el acuerdo de la compañía de rechazar la presencia de un consejero de ACS «no fue una decisión arbitraria y caprichosa», sino el «cumplimiento de un deber» en defensa de los intereses de la mayoría de los accionistas ante un competidor.

Los abogados de ACS acusaron a la eléctrica de haber hecho «todo lo posible» para impedir el acceso del representantes de esta compañía al consejo y de, incluso, haber «modificado a su antojo el propio reglamento» de ese órgano para conseguirlo. Los representantes de Iberdrola replicaron que el sector de la energía es un mercado altamente competitivo, que depende de la capacidad de innovación de cada firma, y pusieron de relieve el riesgo que supondría en este marco la «fuga de información» reservada en beneficio de un firma competidora.

ACS les acusó de utilizar una doble «vara de medir» y de no actuar de igual modo ante otras situaciones de posibles conflictos de intereses que, en su opinión, se manifiestan en el seno del consejo de Iberdrola. En este sentido, aludieron a los casos de los representantes de Bancaja, «socio de Enagas»; del hasta 2010 vicepresidente de la eléctrica, José Luis Arregui, presidente de ENCE, «que compite en la generación y comercialización de energía»; y de Xabier de Irala, representante de la BBK, firma con intereses en Ingeteam, «una ingeniería que compite con Iberdrola».

Iberdrola añadió que la competencia entre ambas firmas, además de en los campos de las energías renovables y en la ingeniería, se da también en el desarrollo del coche eléctrico. Los defensores de ACS replicaron que «difícilmente se puede hablar de competencia cuando no existe el mercado ni se sabe si lo habrá en el futuro».