Una empleada del sector de la limpieza que trabaja doce horas a la semana tendría que cotizar 33 años para poder tener derecho a una pensión contributiva. Si amplían de 15 a 20 años ese período mínimo, necesitará trabajar 44 años para tener una pensión contributiva», explica Mikel Noval, responsable de Política Social en la Ejecutiva de ELA. «A miles de personas, sobre todo, colectivos más precarizados como los jóvenes y las mujeres, se le les va a dejar sin el derecho a la prestación, porque, a partir de ahí, ese derecho se convierte en una mera mercancía a la que mucha gente no podrá acceder», añade Bea Martxueta, secretaria de Política Social de LAB. Ambos hacen un llamamiento directo a la sociedad vasca «a mostrar el rechazo a los recortes sociales más agresivos desde hace treinta años en el Estado español. Tal y como se hizo con las luchas sociales de los trabajadores en los siglos XIX y XX, que sirvieron para conseguir el estado del bienestar».

Para ambos, la huelga general que la mayoría sindical ha convocado en Hego Euskal Herria supondrá el rechazo de la sociedad a esas medidas en contra de quienes menos tienen, y advierten de que «ya dijimos en la primera huelga del 21 de mayo de 2009 que, o se daba un vuelco a las políticas económicas y sociales que en ese momento se intuían, o llegarían los recortes, como así se ha producido: reforma laboral y reforma de pensiones, unidas a otras. Es una ataque más a los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora. Desde la mayoría sindical vasca creemos que es un ataque inasumible, por lo que la mejor respuesta es la huelga general», explica la representante de LAB.

Argumentos falsos

En este caso, Mikel Noval recuerda que los argumentos que el Gobierno español, que preside José Luis Rodríguez Zapatero, «no están justificados, se basan en hipótesis falsas. Quienes las hicieron, no dimitieron y, además, ahora han vuelto con las predicciones que tendrán el mismo valor que antes: ninguno. Es tan simple que quieren recortar derechos sociales y gasto social. La mayoría sindical vasca reclama un cambio de modelo económico y social, en el que uno de los puntos esenciales sea precisamente el aumento del gasto social».

Noval insiste en que las conversaciones que se están produciendo en Madrid «parten de la derrota de la clase trabajadora. Ponemos en cuestión ese diálogo social porque ha traído más paro, más precariedad, más siniestralidad y estar a la cola del gasto social de la Unión Europea». Mikel Noval y Bea Martxueta recuerdan que no se trata de un problema económico con las pensiones. «No faltan recursos, porque la pensión media vasca es menos de la mitad de la renta per cápita que generamos los vascos. El problema está en que los pensionistas cobran bajas pensiones y un grupo reducido de personas perciben elevados ingresos. La riqueza está mal repartida», precisa el responsable de ELA. Bea Martxueta inciden en que «la Seguridad Social tiene superávit. Si hay que hacer una reforma, lo que hay que hacer es repartir la riqueza de forma justa y solidaria. La misma podría llevarse adelante subiendo los impuestos y las cotizaciones». Para los representantes de ELA y LAB, «la actuación del Gobierno español es grave, porque los jóvenes trabajadores y aquellos que todavía se encuentran en las universidades o centros de formación profesional se van a encontrar con un sistema de protección social que no va a garantizar unas pensiones dignas». Eso les va a ocurrir a aquellas trabajadoras que su actividad laboral se realiza por medio de contratos a tiempo parcial. Según lo que se conoce, para obtener una pensión del 100% se necesitarán 37 años de cotización o 20 años para alcanzar una pensión mínima que, según lo que está fijado en la revisión del Pacto de Toledo, se reducirá del 50% al 42% de la pensión, después de que hace unos años con la pensión mínima se recibía el 60%.

Beneficio para el sistema privado

Bea Martxueta afirma que con los contratos y el actual mercado laboral «es imposible que se cumplan esos requisitos para tener acceso a la pensión». Por eso, señala que «nuestra respuesta va a ser la huelga general, porque va a dejar a miles de personas sin derecho a pensión, y va a reducir drásticamente las cuantías de las pensiones. Pero, además, va a afectar significativamente a las personas jóvenes y a las mujeres. A las mujeres que tienen contratos parciales y fijos discontinuos, de las cuales muchas trabajan en la economía sumergida. Se les va a dejar sin derecho a una pensión, o con una pensión mínima. Hay que tener en cuenta que las mujeres reciben pensiones que no sobrepasan los 700 euros, son de miseria».

Para la representante de LAB, «la reforma convierte a las pensiones en una mercancía más que comprar. Si se adelgaza el sistema público se hace para engordar al sistema privado. Hay que tener en cuenta que la OCDE reconoció que los planes privados de pensiones perdieron entre un 23% y un 28%, pero, además, mucha gente tendrá vetada su entrada en el sistema privado debido a que les será imposible ahorrar con los bajos salarios que se extienden en el mercado laboral». Por eso, Mikel Noval reconoce que esta reforma supondrá «un claro empobrecimiento de la población, sobre todo, de los colectivos más precarizados Tiene mucho que ver con lo que pasa en el ámbito del empleo. Porque la ley dice que para percibir una pensión contributiva hay que cotizar como mínimo durante quince años. Pero, hoy una trabajadora de la limpieza que trabaja doce horas a la semana tendría que cotizar 33 años para poder tener derecho a una pensión contributiva. Si amplían de 15 años a 20 años el período mínimo para tener derecho a una pensión, a esas mujeres les van a exigir 44 años en vez de 33 años».

Para Noval, es «una manera de excluir a las mujeres, porque ese tipo de contratación es habitual entre las mujeres en el sector del Comercio, en el trabajo doméstico, entre los jóvenes y entre los inmigrantes. Estamos hablando de que una parte importante de los inmigrantes también se quedarán sin pensión, si la reforma sale en los términos en los que se está conociendo».

Bea Martxueta asegura que Euskal Herria «reivindica un sistema propio de protección social. Si aquí trabajamos y vivimos, aquí queremos obtener derecho a la pensión. Un sistema más justo y equilibrado, pensado para la mayoría de este país». Mikel Noval añade que «queremos que los derechos laborales y sociales se decidan en Euskal Herria». Por eso, ambos llaman a la sociedad a movilizarse para «conseguir avanzar hacia un modelo social y económico diferente, porque éste sólo beneficia al capital, a los neoliberales».