Utilizar los cambios en la edad de salida del mundo de trabajo por medio de la jubilación en base a la esperanza de vida no deja de ser un atropello. Aumentar dos años la edad de jubilación, de 65 años a 67 años, es un castigo para la salud de la clase trabajadora. No sólo muchas personas se quedarán fuera del sistema público de pensiones, porque no van a poder cumplir los requisitos, sino que su salud se verá perjudicada. Los avances médicos y tecnológicos permiten vivir más años, pero eso no quiere decir que sean más años con salud. Según los últimos datos de Eurostat para el Estado español, la buena salud entre las mujeres llega a los 63,2 años y entre los hombres a los 63,7 años, por debajo de la edad legal de jubilación que está establecida a los 65 años. Quizá por eso el grupo asegurador Axa ha recordado que el 60% de los jubilados del Estado español se retira antes de los 65 años.

Preocupante en Hego Euskal Herria

Los datos de los indicadores de Salud en el Estado español confirman que «en la mayoría de países desarrollados, la esperanza de vida presenta una evolución temporal ascendente; sin embargo, ello no implica necesariamente que todos los años de vida en los que se incrementa sean en buen estado de salud, ya que los individuos pueden sufrir enfermedades y problemas de salud que les ocasionan una pérdida de calidad de vida, aunque no conlleve directamente la muerte de manera inmediata». Así, según los indicadores de esperanza de vida libre de incapacidad (EVLI) del Ministerio español de Sanidad, ésta llega en la CAV a los 73,9 años, según los datos de 2007, y en Nafarroa a los 75. Pero si además se mide la esperanza de vida en buena salud (EVBS) en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa desciende a los 59,8 años, es decir cinco antes de la edad legal actual de jubilación, y en Nafarroa cae a los 57,6 años.

Vicenç Navarro, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra, confirma que «no se están considerando suficientemente los costes humanos de las medidas de retraso de la edad obligatoria de la jubilación en dos años más, de 65 años a 67 años». Indica que es una «situación preocupante e injusta» dado que, como subraya el profesor de la UPV-EHU, Mikel de la Fuente, «utilizar el aumento de la esperanza de vida para justificar las medidas tiene connotaciones de clase, porque los trabajadores manuales no llegan en las mismas condiciones que los directivos, por ejemplo».

Navarro sitúa esa desviación con datos, ya que en el Estado español «un burgués vive diez años más que un trabajador no cualificado con más de dos años en paro». Lo que le lleva a la conclusión de que «la obligatoriedad impuesta de manera que todos retrasen dos años más su edad de jubilación, afecta muy desigualmente a las distintas clases sociales» y añade que «a la burguesía, pequeña burguesía y clases medias procesionales, el aumento puede ser positivo, pues tales grupos sociales, además de vivir más años que los demás, tienen un tipo de trabajo estimulante, agradable y beneficioso para su propia existencia, una situación muy distinta, sin embargo, que la clase trabajadora, que la gran mayoría hace un trabajo poco estimulante, repetitivo y más manual que intelectual».

La conclusión que extrae es que «tratar a todos por el mismo rasero es profundamente injusto. Ni la vida, ni la muerte tratan a todos por igual. Y esto es lo que ignoran los que quieren que todos se jubilen dos años más tarde que ahora».

Esta situación confirma precisamente que las políticas sociales no deberían de avanzar en el incremento de la edad laboral porque, no sólo provoca que el empleo juvenil tarde más en entrar en el mundo del trabajo, sino porque perjudicará la salud de los trabajadores, ya deteriorada. Es decir, habría que avanzar hacia la reducción de la edad de jubilación. A cambio, habría que buscar y dotarse de unas finanzas públicas saneadas para conseguir que esas pensiones fueran dignas. La clave está en que hay riqueza, lo que ocurre es que está mal repartida. Además, tener un trabajo tampoco evita caer en la exclusión ni en la pobreza. Eurofound, la Fundación Dublín, reconoce que más de 15 millones de trabajadores en la Unión Europea son pobres.