El nuevo Gobierno tunecino busca soltarse de las amarras de Ben Ali
El recién nacido Gobierno tunecino trató ayer de marcar aún más las distancias con el régimen del derrocado Ben Ali para poder así apaciguar el descontento popular. A la dimisión de uno de los ministros que había conservado su cargo y la detención de 33 miembros del clan del sátrapa, hay que añadir el proyecto de amnistía total que fue aprobado ayer en el primer Consejo de Ministros del Ejecutivo interino.
GARA |
Familiares del huido presidente tunecino, Zine al-Abidine ben Ali, fueron detenidos y uno de los ministros que había conservado su cargo presentó ayer su dimisión del nuevo Ejecutivo, que no logra calmar el descontento pese a una batería de iniciativas para mostrar una ruptura con el régimen que se aferró al poder durante 23 años, entre las que se incluye una amnistía general.
El nuevo Gabinete tunecino, mermado ya por cuatro dimisiones desde su constitución el pasado lunes, se reunió por primera vez ayer por la mañana, mientras unas mil personas protestaban contra la presencia de colaboradores de Ben Ali en puestos clave.
«El pueblo quiere que renuncie el Gobierno», gritaban los manifestantes mientras sostenía carteles que rezaban: «¡Traidores, ya no les tenemos miedo!». Al mismo tiempo, varios miles de personas se concentraron ante la sede principal del RCD, el partido del sátrapa tunecino, en el centro de la capital para exigir la disolución del formación y la salida de todos sus ministros del Gobierno.
Al llegar la manifestación ante la sede del RCD, algunos soldados y policías dispararon al aire para impedir el acceso a su interior. Sin embargo, poco después, los policías se retiraron, los militares tomaron el control y permitieron que los manifestantes permanecieran congregados ante el inmenso edificio de más de 20 plantas, uno de los príncipales símbolos del antiguo régimen. Los manifestantes, arrancaron poco después el nombre de la formación de la fachada del edificio.
Muchos de los participantes estallaron en llanto mientras abrazaban y besaban a los soldados, a quienes esta mañana colocaron geranios rojos en los cañones de sus fusiles.
Renuncias
Para tratar de desactivar la crisis y otorgar algo de estabilidad al nuevo Gobierno, los ocho ministros pertenecientes al RCD anunciaron su salida del partido, que notificó a su vez la disolución de su comité político, máximo órgano de dirección.
«A causa de la dimisión de algunos miembros del comité político, esta instancia ha quedado disuelta de hecho y el secretario general, Mohamed Ghariani, se encarga momentáneamente de la gestión de asuntos corrientes del partido», explicaba un comunicado del RCD enviado a los medios de comunicación.
Pocas horas antes, otro comunicado de la agencia oficial tunecina TAP informaba de que Zuheir M'dhafer, uno de los ministros del partido hegemónico en el Gabinete de transición, había presentado su dimisión. M'dhafer aseguró haber dimitido para «preservar el interés supremo de la nación y favorecer la transformación democrática del país». El dimisionario es considerado el artesano de la reforma constitucional aprobada en 2002 por referéndum, que permitió al sátrapa tunecino cumplir más de dos mandatos consecutivos.
Ben Ali huyó el 14 de enero a Arabia Saudí, como consecuencia de la que se ha bautizado como la Revolución de Jazmín, en la que la represión policial dejó un saldo de al menos 100 muertos, según Naciones Unidas.
La noche del miércoles, 33 personas pertenecientes al clan del antiguo mandatario fueron arrestadas bajo la acusación de haber cometido «crímenes contra Túnez».
La Justicia abrió, por su parte, una investigación contra Ben Alí, su esposa Leila Trabelsi, y «los hermanos, los hijos y las hijas de los hermanos» de la ex primera dama por «adsquisicón ilegal de bienes» e «inversiones ilegales en el exterior».
Fuentes diplomáticas en Bruselas indicaron ayer que la Unión Europea congelará los bienes de Ben Alí y su familia. Además, el recién nacido Ejecutivo afirmó que el Estado tunecino tomará posesión de los bienes muebles e inmuebles del RCD.
El Gobierno de transición hizo este anuncio a la conclusión, ayer por la tarde, del primer consejo de ministros centrado en la separación entre la formación del RCD y el Estado y en un proyecto de amnistía general.
Amnistía general
El nuevo Ejecutivo adoptó finalmente un proyecto de ley de amnistía general que presentará al Parlamento e incluye a los islamistas del partido prohibido Ennahdha, que en un principio había quedado excluido de una legalización, según anunciaron dos miembros del Gobierno.
«El ministro de Justicia presentó un proyecto de ley de amnistía general, que fue adoptado por el Consejo de Ministros, que decidió someterlo al Parlamento», declaró a France Presse el ministro de Desarrollo, Ahmed Nejib Chebi.
«El movimiento Ennahdha está incluido en la amnistía general», precisó, por su parte, el ministro de Educación Superior, Ahmed Ibrahim.
Prohibido durante el régimen del derrocado Ben Ali, la formación islamista anunció el martes que pedirá su legalización.
El primer ministro de transición, Mohamed Ghannuchi, anunció el lunes, entre otras medidas de democratización, la legalización de todos los partidos que lo pidan.
Fundado en 1981 por intelectuales inspirados por los Hermanos Musulmanes egipcios, Ennahdha (Renacimiento) fue inicialmente tolerado, incluso por el régimen de Ben Ali.
Pero después de las elecciones de 1989, a las que los islamistas se presentaron bajo una lista «independiente» y lograron el 17% de los votos, sus militantes fueron perseguidos y encarcelados.
La Revolución de Jazmín que ha derribado al presidente Ben Alí en Túnez inspira protestas sociales y reivindicaciones políticas en otros países árabes, pero los analistas dudan de que a corto plazo se vaya a producir un «efecto dominó».
Desde Omán hasta Jordania, pasando por Sudán y Egipto, el derrocamiento, hace una semana, del presidente tunecino proporcionó argumentos y consignas a numerosos opositores y sindicalistas y a ciudadanos de a pie.
Para Rabab al-Mahdi, profesor de ciencias políticas de la Universidad estadounidense de El Cairo (AUC), la revuelta popular tunecina «tendrá repercusiones en la memoria colectiva de los pueblos de la región» y les infundirá confianza.
Pero no cuenta con que ello «tenga un impacto a corto plazo», ya que «los mismos ingredientes no dan necesariamente el mismo resultado» y «Túnez era un ejemplo de dictadura extrema», asegura.
Las repercusiones de la insurrección tunecina encierran marcados contrastes, dependiendo del país. No son lo mismo las manifestaciones antigubernamentales diarias de Jordania o las inmolaciones en Argelia, Egipto o Mauritania.
Por ello, para Antoine Basbous, director del Observatorio de los Países Árabes de París el impacto de los acontecimientos de Túnez dependerá mucho de la evolución del país.
«Si la fase de transición en Túnez transcurre bien, será un ejemplo a seguir. Por el contrario, si el país cae en el caos, los otros regímenes de la región lo utilizarán para hacer de esta experiencia un espantajo», concluye. Christophe de ROQUEFEUIL (AFP)
Decenas de miles de millones de dólares son desviados en forma anual de los países pobres, pero tal como lo muestran los casos de Túnez y Haití la búsqueda, el congelamiento y sobre todo la restitución de esos haberes parece una carrera de obstáculos.«Recuperar el producto de la corrupción es complejo», admiten el Banco Mundial y la ONU en una «guía» que acaban de publicar para facilitar la tarea de los estados afectados. Y es que aunque el dinero esté localizado no siempre es fácil recuperarlo.
Tras la huida de Túnez del clan Ben Alí el 14 de enero se activaron varios mecanismos para evitar que el depuesto presidente y su entorno, acusados de haber construido su poder sobre la corrupción, no desaparezcan en el extranjero con el dinero y los «bienes malversados».
«Las villas y apartamentos no se moverán, pero una cuenta bancaria, se vacía en un santiamén», advierte Transparency Internacional, por eso «los primeros momentos son cruciales». F. FONTEMAGGI (AFP)
