Sentencias como la que absuelve a los procesados de Udalbiltza suelen llevar a que quienes gestionan la represión hagan declaraciones del tipo «esto demuestra que la justicia funciona» y «España es un Estado garantista».

Habría que aclarar que en un Estado garantista antes de detener a nadie bajo una acusación tan grave como la de «pertenencia a organización armada» hay que tener un enorme cúmulo de pruebas individualizadas contra cada uno de los arrestados. En el Estado español, como ha vuelto a quedar patente, basta con que el gobierno de turno dé un impulso político para que la Policía ponga en marcha su maquinaria acusadora y un juez instructor valide con su firma todas las ocurrencias salidas del Ministerio de Interior.

En un Estado, la Justicia funciona cuando nadie puede estar procesado durante ocho años sin que haya ni una sola prueba que sustente las acusaciones. Porque no estamos hablando de si coincide una huella dactilar en una pistola, sino de un sumario con una veintena de acusados de pertenecer a ETA sin que haya ninguna relación personal entre ellos y ETA ni entre la asociación a la que pertenecen y ETA.

Con esta absolución no se ha hecho justicia, se ha puesto fin a una injusticia que comenzó en 2003. No es lo mismo.