El Gobierno de Lakua presentó un proyecto de ley para hacer efectivo el derecho subjetivo a la vivienda para las personas con mayores dificultades de acceso y establecer un canon para las viviendas que estén vacías.

El consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola, dio ayer a conocer el anteproyecto de ley de vivienda que presentará al Consejo de Gobierno para su aprobación.

El anteproyecto tiene como principal objetivo, según explicó Arriola, convertir el derecho a una vivienda en «auténtico derecho exigible ante los tribunales para aquellas personas con mayores dificultades de acceso».

También pretende regular el régimen jurídico de la Vivienda de Protección Pública (VPO), además de reformular y reordenar los sistemas de prestaciones públicas existentes de ayuda a la vivienda, regular la intervención en rehabilitación y regeneración urbana para eliminar obstáculos a estos procesos y definir el alcance del concepto de «función social de la vivienda».

El anteproyecto establece el derecho subjetivo a la vivienda para aquellos colectivos cuyo acceso al mercado libre les podría hacer caer en riesgo de exclusión social. Para que la administración reconozca este derecho el ciudadano tendrá que tener vecindad administrativa en la CAV, carecer de una vivienda digna y no disponer de medios económicos para acceder a una vivienda libre, además de estar inscrito en el registro de Etxebide y tener unos ingresos determinados.

Mientras no se apruebe ese reglamento, los solicitantes deberán estar registrados en Etxebide desde hace cuatro años por lo menos y los ingresos no deberán superar los 15.000, 12.000 y 9.000 euros para las familias de tres, dos y un miembros respectivamente.

Para satisfacer el derecho a la vivienda se pondría a disposición del solicitante una vivienda en alquiler o una prestación económica que le permita vivir dignamente.

El anteproyecto también incluye una propuesta para establecer un canon cuando existe una vivienda vacía desde hace más de dos años sin que haya un motivo que lo justifique. El canon lo «podrán imponer» los ayuntamientos por un importe de 10 euros anuales por cada metro cuadrado útil, aunque si no lo aplican los municipios Lakua podría aplicarlo con carácter general en la CAV.

En caso de riesgo, expropiación

A pesar de que la CAV sea la comunidad autónoma con menos viviendas vacías, últimamente está aumentando su número porque cuando la gente cambia de casa no puede vender la anterior o queda en mal estado.

Precisamente, el anteproyecto prevé que la administración podrá expropiar viviendas en el caso del incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación de las mismas, cuando suponga un riesgo para la seguridad de las personas.

El anteproyecto contempla que en el supuesto de que más de la mitad de la propiedad de un inmueble esté de acuerdo para acometer una rehabilitación, esa decisión se podrá imponer al conjunto de afectados.

También ve la posibilidad de expropiación forzosa de viviendas de promoción pública, en supuestos como no destinarlas al domicilio habitual, mantener la vivienda desocupada durante un año, incumplir su conservación, su sobreocupación o la transmisión no autorizada.